Mar04202021

ActualizadoMar, 20 Abr 2021 12am

Lectura de Domingo: "¿Presos políticos?" por Carlos Baeza

“Me da especial placer dirigirme a Vos como la cabeza de ese gran departamento, que debe ser considerado la llave de nuestro edificio político”. Con estas palabras el presidente norteamericano George Washington ponía en posesión de su cargo a John Jay primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

 

En la Argentina de la anomia, por el contrario, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “el problema judicial es más agudo y empieza en la Corte Suprema”, compartiendo lo manifestado por la vicepresidente al decir -refiriéndose a ese órgano- que “la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare”. Estas expresiones en boca de dirigentes kirchneristas no resultan novedosas habida cuenta de la nutrida serie de ataques al Poder Judicial realizado durante sus doce años de gobierno y profundizados en los últimos tiempos.

1° Decía Lord Acton que "El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente", explicitando uno de los pilares sobre los que se asienta el sistema republicano cual es el de la división de poderes, pues como afirmaba Montesquieu “todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos entre particulares”. Para el kirchnerismo la independencia del Poder Judicial representa una amenaza para los planes de impunidad de la larga lista de imputados y procesados de ese gobierno entre 2003 y 2015 por causas de corrupción; y de allí que cualquier medida en ese sentido es calificada como “lawfare”, lo cual supone una compleja operación encubierta a nivel internacional, entre múltiples actores tales como fiscales, jueces, medios de prensa, organismos de inteligencia y potencias extranjeras, todos complotados para perseguir opositores políticos sin causa alguna; argumento que cualquier persona sometida a proceso podría alegar en su descargo, pero sin que nunca tal mecanismo se haya siquiera intentado probar que existiera. Lo que el gobierno y sus ex funcionarios procesados no toleran es la frase de Charles Hughes, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU cuando manifestara que “Nos regimos por una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. Cuando el pasado año vaticinábamos que la frase acuñada en Comodoro Py “algún día serás carátula” se convertiría en concreta realidad, no imaginábamos el alcance y entidad de las numerosas causas que están llevando a desfilar por esa sede judicial a funcionarios de la anterior gestión gubernamental. Y como era lógico suponer, en la concepción del “vamos por todos”, ese accionar de los jueces es considerado por el kirchnerismo como una “persecución política” y a quienes la sufren como “presos políticos”, cuando en realidad se trataría de “políticos presos”, aunque al día de hoy la mayoría gozan de sana libertad domiciliaria en tanto otros, nunca pisaron hasta ahora un presidio.

2° Tiempo atrás el presidente Alberto Fernández negó que en Argentina hubiera presos políticos, pero ahora uno de sus subordinados, el ministro Juan Cabandié ha afirmado lo contrario aunque sin dar precisión alguna en torno a quiénes serían esas personas. Y lo mismo vienen sosteniendo Cristina F. de Kirchner, el Ministro Agustín Rossi y otros referentes del kirchnerismo. Cabe recordar que el concepto de “preso político” se utiliza para calificar a quien se encuentra privado de su libertad con motivo de sus ideas políticas manifestadas públicamente y a través de su pertenencia a espacios políticos, gremiales o sociales. Ello es lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en Venezuela, según lo corroboraran organismos internacionales de DD.HH, pero sin que tal situación sea siquiera imaginable en nuestro caso. La existencia de presos políticos se ha dado durante los gobiernos surgidos de golpes de Estado, como igualmente en algunos periodos de estado de sitio en los cuales el Poder Ejecutivo tiene la facultad extraordinaria de arrestar personas o trasladarlas de un punto a otro del territorio; pero como tal declaración no supone la desaparición de la división de poderes ni de las potestades que la Ley Fundamental atribuye a cada uno de ellos, el presidente no puede condenar ni aplicar penas, así como ejercer alguna función de índole jurisdiccional, puesto que la norma del art.109 de la Constitución, que rige en todo tiempo, así se lo impide. Por tanto, el presidente puede, en primer término, disponer el arresto de una persona a través del dictado del pertinente decreto en el que deberá individualizar al sujeto alcanzado por la medida, así como las causas que motivan esa detención. Así, en este caso excepcional, el titular del Poder Ejecutivo reviste el carácter de “autoridad competente” para poder disponer arrestos, en los términos del art.18 de la Constitución. Asimismo, y en caso que la persona detenida sea fuente de disturbios o alteración del orden, puede disponer su traslado de un punto a otro del territorio, convirtiendo dicho traslado en arresto o no, o bien transformando una detención en traslado (arts. 23 y 99 inc. 16 C.N). Debe entenderse que las causas que legitiman el ejercicio de esta potestad por parte del Ejecutivo no se encuentran tipificadas como delitos, pues si así fuera, este instituto no priva de su jurisdicción y competencia a los jueces naturales, y por ello, el estado de sitio, lejos de suspender el imperio de la Constitución, se declara para defenderla, y no suprime las funciones de los poderes públicos por ella instituidos. Si ello es así, el hecho que una persona se encuentre sometida a un proceso judicial no impide que contra la misma se decrete su arresto o traslado; y si en aquél proceso fuera dispuesta su libertad, puede continuar arrestada a disposición del Poder Ejecutivo (CSJ, Fallos 54:432) Por todo ello, hoy no puede sostenerse la existencia de “presos políticos” sino que cuando un político es juzgado y procesado por hechos de corrupción durante su gestión y posteriormente y en base a las pruebas colectadas condenado a prisión por órganos jurisdiccionales y con las garantías de defensa en juicio, se trata simplemente de “políticos presos”.

3° Y estas reflexiones vienen a cuento de la marcha por “Una Navidad sin presxs políticos” en cuyo afiche aparecían varias figuras conocidas tanto del ámbito político, como gremial y social. Veamos: en primera fila estaba el rostro de CFK quien no obstante acumular numerosas causas penales, nunca fue privada de su libertad y podrá festejar Navidad junto a sus afectos. Un primer grupo incluye a ex funcionarios que si bien estuvieron en la cárcel, ya sea por obra del Covid; para cuidar a sus hijos o por modificaciones a normas procesales, hoy se encuentran cómodamente en sus domicilios a la espera de sus respectivos juicios. Entre ellos se encuentran Julio De Vido (causas Río Turbio, Cuadernos y Once); Roberto Baratta (causas Río Turbio y Cuadernos); Amado Boudou (causa Ciccone) y Luis D’Elía (causa de toma de una comisaría). En un segundo grupo se incluyen a Fernando Esteche (causas de memorándum con Irán y daños por utilización de explosivos); Milagro Sala (causas de asociación ilícita y lesiones graves); Omar Suárez (causas por asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción); Juan Pablo Medina (causas por asociación ilícita, lavado de dinero, extorsión y amenazas): y Cristian Medina (partícipe junto a su padre) Como se advierte, ninguno de estos nueve ex presos en cárceles argentinas y hoy en sus casas se encuentran procesados por razones “políticas” sino por la eventual comisión de delitos. En consecuencia, los únicos del afiche que hoy siguen presos son Ricardo Jaime (causas de coimas pagadas en la compra de tres a España y Portugal; coimas recibidas de contratistas de transportes bajo su supervisión como él mismo lo confesara ante la justicia; enriquecimiento ilícito y tragedia de Once); y Juan Pablo Schiavi (causa tragedia de Once). También resulta claro que a ninguno de estos 2 personajes de la política se les ha endilgado cuestiones “políticas” sino la comisión de presuntos delitos. Lamentablemente, los autores de la marcha omitieron incluir en el afiche a otro que sigue preso pero por el cual nadie ha levantado la voz: José López, el revoleador de bolsos con dinero en un convento que no era tal.

4° Sería importante que dentro del peronismo no se olvidaran algunos casos de perseguidos políticos como lo fueran los diputados radicales del “bloque de los 44” Ernesto Sanmartino y Ricardo Balbín entre 1948 y 1949. El primero había expresado en el recinto que: “El aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado a algún diputado a su banca, para que dese ella maúlle a los astros por una dieta de 2500 pesos”; lo que le valiera el desafuero aunque no alcanzó a ser detenido ya que en la sesión Ricardo Balbín habló durante más de dos horas lo que permitió que Sanmartino pudiera huir en lancha al Uruguay. En cambio, el propio Balbín no tuvo la misma suerte: en un acto radical en Rosario había pronunciado duras críticas contra el presidente Perón por lo que fue denunciado por desacato y desaforado, ocasión en la que sostuvo: “Si con irme de aquí pago precio, como cualquier otro de los luchadores de mi partido; si este es el precio por el honor de haber presidido este bloque magnífico, que es una reserva moral del país, han cobrado barato; fusilándome, todavía no estaríamos a mano”. Tras ello fue enviado a prisión en Rosario, San Nicolás y finalmente en Olmos. En esas épocas, la inmunidad de opinión consagrada en el art. 68 de la Constitución Nacional para los legisladores no regía para los opositores.

5° En este marco de desprestigio del Poder Judicial, continúan los embates del oficialismo principalmente a través de las públicas y reiteradas manifestaciones del presidente y la vicepresidente, a los cuales se suman ministros, legisladores y referentes sociales. Así, se solicita la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y se inicia una causa penal contra ellos, desconociendo la diferencia con los legisladores sujetos al desafuero (arts. 69 y 70 C.N), a quienes se puede enjuiciar estando en funciones ya que el proceso debe comenzar pues el art. 70 de la C.N parte del supuesto que tal apertura ya ha tenido lugar, al decir: “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado...” ; y sólo podrá paralizarse cuando sea menester aguardar el desafuero para posibilitar la detención, ya que no se trata de una inmunidad de proceso sino de arresto. Por el contrario, a los funcionarios pasibles de juicio político (arts. 53, 59 y 60 C.N) -como los miembros de la Corte- el magistrado interviniente a raíz de una denuncia contra alguno de ellos no puede ni siquiera dar inicio al proceso, hasta tanto el funcionario sea removido por el Senado, ya que como reza el art. 60 de la C.N es menester tal decisión para que el mismo pueda ser sujeto a “acusación, juicio y castigo”.

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