Lectura de Domingo: "No era un tema familiar entre ricos: era un delito" por Carlos Baeza

En la misma jornada en la cual se llevaba a cabo -luego de un prolongado lapso de marchas y contramarchas- el desalojo de tierras en Guernica, la justicia de la provincia de Entre Ríos fallaba rechazando la pretensión de Dolores Etchevehere quien junto a Juan Grabois y un numeroso grupo habían usurpado por la fuerza un campo propiedad de su madre y sus tres hermanos, sin tener derecho alguno, razón por la cual se dispuso el inmediato desalojo.

 

En tal sentido, el fallo que ordenó la desocupación de todos los usurpadores, señaló que el inmueble pertenece a la empresa “Las Margaritas S.A.”; que el mismo no forma parte del haber sucesorio; que Dolores Etchevehere renunció a sus acciones en la citada sociedad y que por ende, carece de todo derecho sobre esa propiedad. Agregó que la ilegal ocupación fue un accionar inconsulto y clandestino y que tanto Dolores Etchevehere como el resto de los ocupantes, incluido Grabois, mediante abuso de confianza, invadieron el terreno por lo cual correspondía la inmediata restitución a sus dueños. Sin embargo, el caso, que tuvo gran trascendencia mediática, merece un análisis a la luz de una serie de aristas que revelan un plan sistemático de tomas de tierras en todo el país y que cuentan, en la mayoría de los casos, con la participación de funcionarios públicos.

1° En primer término, cabe señalar que Dolores Etchevehere es una usurpadora reincidente. Basta para ello recordar que en octubre de 2005, la nombrada junto a su cónyuge, Segundo Güiraldes, usurparon la estancia “La Porteña”, ingresando junto a un ex policía y 5 personas armadas, rompiendo candados y cadenas, alegando tener derechos hereditarios sobre ese inmueble, en el que permanecieron 3 meses. Finalmente, fueron desalojados por haber usurpado sin derecho alguno ese lugar, el que abandonaron poco antes de concretarse la medida, pretendiendo invocar -ya sin sustento alguno- que solo habían tratado de cuidar el inmueble que se encontraba en malas condiciones. Ahora, Dolores Etchevehere intentó una vez más apropiarse de un inmueble rural perteneciente a su madre y sus tres hermanos, pero sobre el cual carecía en la actualidad de derecho alguno por haber cedido la parte que en su momento le correspondía en la sucesión de su padre.

2° Aunque a la mayoría de los medios les pasó inadvertido, hubo un hecho significativo vinculado al magistrado que debería haber intervenido en el conflicto, que era el Dr. Walter Carballo Juez de Garantías de la ciudad de La Paz. El nombrado solicitó una licencia compensatoria por los días laborados durante la feria judicial y por ello su subrogante fue el juez de familia de esa ciudad Raúl Flores quien fallara rechazando la acción de desalojo con fundamentos carentes de todo sustento; a punto tal que en su pronunciamiento, el propio Flores, quien ante la prensa reconoció no ser experto en derecho penal, pidió disculpas a las partes porque “mi formación judicial desde el derecho de las familias me lleva a la necesidad de ofrecer pensar una solución pacífica”, tal como si estuviera resolviendo un divorcio o la tenencia de un menor en lugar de una acción penal por usurpación. No es difícil imaginar que Grabois y su gente supieran que Carballo pediría licencia y aprovecharon esa circunstancia para usurpar la propiedad, en el convencimiento que tal como ocurriera, Flores no haría lugar a la acción.

3° Desde el inicio del conflicto, el gobierno intentó desmentir que funcionarios del mismo hubieran tenido algún tipo de intervención y que no se trataba de una toma de tierras sino de un problema familiar entre ricos que se disputaban una herencia. Sin embargo, se trató de una excusa desvirtuada por la presencia en el inmueble usurpado de numerosos funcionarios nacionales e incluso provinciales, todo lo cual obedeció a una estrategia perfectamente planificada. Dado que el aparato burocrático nacional es cada vez más numeroso, quizá el presidente y su jefe de gabinete no puedan recordar los nombres de todos los funcionarios. Por ello, y como una gentil colaboración, los ayudaremos a recordar algunos nombres:

a) ¿se acuerdan de Victoria Donda? Es la titular del INADI. ¿Y por qué intervino vía remota en una fallida audiencia de conciliación dispuesta por el juez Flores, a la que solo podían acceder las partes? Porque luego de usurpar el predio y sin que Dolores Etchevehere hubiera invocado jamás una cuestión de género, se intentó introducir este tema basándose en que los hermanos varones le habrían impedido, no por carecer de todo derecho, sino por su condición femenina, poder ejercer sus derechos sobre la propiedad en disputa. Sería saludable que la funcionaria se ocupara de reales problemas afines a su cartera, tales como son los derechos vulnerados de 4.000 formoseños que desde hace 7 meses están acampando a la intemperie porque el “mejor gobernador” (Alberto dixit) Gildo Insfrán, no les permite retornar a sus casas.

b) ¿tampoco recuerdan a Gabriela Carpinetti? Les informo que se trata de la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo, íntima amiga y ex socia de Alberto Fernández. Siendo que Dolores Etchevehere cuenta con dos abogados que la representan -porque Grabois no puede hacerlo al no estar matriculado en Entre Ríos- ¿para qué era necesaria la presencia de dicha funcionaria si la nombrada ya gozaba -nunca se invocó lo contrario- de la garantía constitucional de acceso a la justicia? Mucho más curioso resulta aún saber a qué título entonces ingresó el mismo día de la usurpación y pernoctó en el lugar.

c) ¿y de Daniela Verón, tampoco se acuerdan? Les digo que es la auxiliar técnica de Carpinetti y que al igual que la nombrada no se entiende su presencia en este caso en la audiencia conciliatoria donde solo podían intervenir las partes y Dolores Etchevehere ya estaba acompañada de sus dos abogados.

d) a este funcionario quizá no lo conozcan pero estuvo en la toma y también pernoctó en el predio. Aludo a Sebastián Correa, Subdirector Ejecutivo de Promoción de la Economía Social y Popular de la Municipalidad de Santa Fe, cuya presencia en el lugar es al menos intrigante.

e) finalmente, otro funcionario nacional que intervino, no en esta toma, sino en la de Villa Mascardi, es Luis Pilquimán. ¿Lo ubican? Es el vicepresidente del INAI que fue demorado en dos oportunidades en la ruta, cuando transportaba personas de la comunidad mapuche para que participaran en la toma de ese lugar.

4° En este marco de tomas de tierras no puede soslayarse la activa presencia de Juan Grabois y su gente. Ya hace tiempo que el amigo del Papa viene anunciando este accionar cuando dijo que la oleada iba a aumentar “porque la gente ya no quiere seguir hacinada con el coronavirus dando vueltas”. En ese sentido viene proponiendo expropiar campos para entregárselos a campesinos, en tanto a través de la aplicación “Habitapp” auspicia la ocupación de casas que no se encuentren habitadas para cederlas a quienes carezcan de viviendas. Este pichón de revolucionario a quien no le da el “physique du rol” para pasar como un recién bajado de Sierra Maestra, ha calificado a la gente de campo como “parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra que es de todos” porque “si no los barremos definitivamente, nunca vamos a poder tener niveles de dignidad adecuados”; pareciendo ignorar que los parásitos que viven del trabajo de la gente del campo son todos los movimientos que él patrocina pidiendo sin cesar subsidios y prebendas que lógicamente, ni él ni sus seguidores pueden bancar, e inclusive sin aclarar de qué forma pretende “barrer definitivamente” a ese sector clave de la producción nacional. Claro que proviniendo de Grabois todo es posible como cuando afirmó sin sonrojarse que si le hubiese tocado ser cartonero, “yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de salir a juntar cartones, yo voy de caño”.

5° Parece desconocerse que el derecho de propiedad se encuentra consagrado en la Constitución Nacional en los arts. 14 y 17 y que la privación de la misma solo es procedente en caso de una sentencia judicial o por expropiación. Por su parte el Código Civil y Comercial define a tal derecho como el que “otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa” (art. 1941) el cual “es exclusivo y no puede tener más de un titular” (art. 1943) e igualmente excluyente por lo cual “el dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella, y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos” (art. 1944) Y finalmente, el Código Penal en su art. 181 califica y pena como usurpador al que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble. Y si bien también la Constitución en su art. 14 bis garantiza a todos los habitantes el acceso a una vivienda digna, la efectiva concreción de tal derecho corresponde al Estado a través de planes habitacionales financiados por el mismo. Pero lo que el Estado de Derecho no puede admitir es que la solución al problema deba ser mediante la toma de tierras propiedad de particulares o de expropiaciones a privados con iguales fines.

6° Finalmente y cumplido el desalojo, Grabois dio a conocer una declaración en la que interpretando una encíclica de su amigo Francisco, siguió cuestionando el derecho a la propiedad privada. Lo más grave es el apoyo brindado a Grabois por el presidente al decir que la idea del mismo “de buscar tierras para que la gente las explote no es descabellada”; y que detrás de su planteo “hay algo serio, hay algo razonable, hay algo para discutir”. Si realmente Alberto Fernández cree que las ideas de Grabois son serias y razonables, es evidente que el Estado de Derecho y el respecto a la inviolabilidad de la propiedad privada están seriamente comprometidos. Sería interesante que este dirigente conociera más a fondo la Doctrina Social de la Iglesia Católica cuando enseña que poseer algunos bienes es un derecho natural del hombre, y usar de ese derecho no sólo es lícito sino también necesario. Lícito es que el hombre posea algo como propio; y es además necesario para la vida humana. El hecho que Dios haya dado la tierra a todo el linaje humano para que use de ella y la disfrute, no se opone a la existencia de propiedades privadas. De allí que León XIII en la encíclica “Rerum Novarum” sostuviera que si el trabajador presta a otros su fuerza, lo hace con el fin de alcanzar lo necesario para vivir y sustentarse; y por tanto con el trabajo que provee adquiere el derecho de exigir su salario y hacer de él el uso que quiera. Y si gastando parte de ese salario, ahorra algo y para tener más seguro ese ahorro lo emplea en una finca, tal bien no es más que aquél salario bajo otra forma y por tanto, la finca es tan suya como lo era el salario que con su trabajo ganó. Por ello Pío XII sostuvo que propiedad es igual a ahorro diferido o trabajo ahorrado, ya que el trabajo es el medio natural y original por el cual el hombre puede adquirir bienes.