Lectura de Domingo: "El traslado de jueces" por Carlos Baeza (bonus track)

El próximo martes la Corte Suprema de Justicia nacional ha decidido pronunciarse en torno al rechazo por parte del Senado del traslado de tres jueces federales que en su momento y cumpliendo con los recaudos constitucionales y legales exigidos dejaron sus iniciales cargos asignándoseles nuevas funciones siempre dentro del ámbito federal.

 

1° La Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, ha dispuesto un régimen para la designación de todos los jueces, a saber: a)en lo que hace a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene el mismo procedimiento que confiere al Poder Ejecutivo su nombramiento con acuerdo del Senado con dos tercios de sus miembros presentes, agregando al texto de 1853 que ello tendrá lugar en una sesión pública convocada al efecto; y b)respecto a los restantes jueces inferiores el Poder Ejecutivo deberá recibir una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura y luego obtener el acuerdo del Senado en una sesión pública para así proceder a su designación (art. 99 inc.4)

2° La misma enmienda de 1994 creó el Consejo de la Magistratura como órgano integrado por representantes de los órganos políticos electos popularmente; así como de jueces, abogados y personas del ámbito académico y cuya función primordial es seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a tales cargos y una vez realizado ello y con sus resultados elevar ternas vinculantes al Poder Ejecutivo quien deberá someterlas al acuerdo del Senado en la forma ya señalada (art. 114 C.N) Finalmente, una vez designado en su cargo, un juez puede solicitar un traslado a otro órgano jurisdiccional a cuyo fin el Reglamento de Traslado de Jueces aprobado por el Consejo de la Magistratura a través de la resolución 155/2000 dispuso que para ello era menester que “la vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdicción y tenga la misma competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa. Este requisito no será exigible cuando el interesado haya obtenido un anterior acuerdo del Senado de la Nación para desempeñar la función a la que pide su pase” (Considerando 4°).

3° En 2018 la Corte Suprema de Justicia debió resolver la solicitud de traslado de jueces nacionales al fuero federal sosteniendo que ello era un mecanismo excepcional y que no se podía desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de los magistrados, requiriéndose que en esos casos se contara con un nuevo acuerdo del Senado, tal como ocurre con una nueva designación, porque esta circunstancia permite que los senadores evalúen en sesión pública la idoneidad de un candidato рага el cargo; y que si ello no se hubiera observado los traslados de jueces nacionales al fuero federal deberían cesar cuando concluyera el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos. En consonancia con ese precedente, la misma Corte dictó la acordada 7/18 distinguiendo ese caso de un juez nacional que solicitara traslado al fuero federal para el que se exigía nuevo acuerdo del Senado, con el de un juez federal a otro órgano también federal, entendiendo que en tal supuesto no era menester ese nuevo acuerdo dado que el traslado de “magistrados federales es para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo” En definitiva: que tanto el traslado de un juez nacional a otro cargo nacional, así como el de un juez federal a otro puesto federal no requieren nuevo acuerdo del Senado.

4° A raíz de esta doctrina, el Consejo de la Magistratura en octubre de 2019 modificó el anterior Reglamento mediante Resolución n° 270/19 mediante la cual, para los casos de traslados, se exige además, a partir de entonces, la previa “opinión favorable del Poder Ejecutivo Nacional “; y que “en los casos en los que el pedido de traslado importe una competencia más amplia a la que ejerce el solicitante en la sede judicial de origen y/o de distinta jurisdicción, o bien no se cumpla estrictamente con el plazo de antigüedad establecido -4 años desde la fecha de posesión del cargo- se requiere el acuerdo del Senado”. Finalmente y en cuanto al plenario del Consejo de la Magistratura requerido para aprobar un pedido de traslado, se exige una mayoría calificada de 2/3 del total de los presentes. Hasta aquí el análisis del cuadro constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial.

5° En julio de este año, y a iniciativa del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, el órgano decidió que 10 jueces que habían sido trasladados no contaban con el nuevo acuerdo del Senado por lo que consideró que tales designaciones eran incompletas y requerían cumplir con dicho recaudo. Cabe recordar que en la votación remota, el Consejo estaba empatado en 6 votos a favor y 6 en contra y debía desempatar la consejera Graciela Camaño, quien sufriera un desperfecto eléctrico en su domicilio que le impidiera hacerlo, razón por la cual fue menester una nueva votación en la que se inclinó a favor de la propuesta. A continuación el Consejo envió lo resuelto al Poder Ejecutivo quien elevó las propuestas al Senado para obtener su acuerdo y proceder así a la designación, frente a lo cual la referida cámara cumplimentó lo solicitado respecto a 7 de los jueces impugnados, pero no así en cuanto a los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli cuyas designaciones actuales fueran rechazadas y de forma inmediata el Poder Ejecutivo dictó un decreto disponiendo que los nombrados volvieran a sus cargos anteriores, siendo ello el motivo del planteo que deberá resolver este martes la Corte Suprema de Justicia.

6° Como se verá los 3 jueces impugnados habían sido trasladados con la conformidad del Consejo de la Magistratura mediante el Reglamento 155/2000 y con sendos decretos de nombramiento del Poder Ejecutivo, por lo cual y a la luz de los antecedentes legales y jurisprudenciales citados, no era necesario un nuevo acuerdo del Senado. Así, el caso del juez Bertuzzi es singular: hasta el año 2008 se desempeñaba como integrante del TOF 1 de La Plata y solicitó su traslado al TOF 4 de la Capital, lo que fuera acogido por el Consejo de la Magistratura por considerar “conveniente el traslado referido para lograr una más eficaz prestación del servicio de Justicia”. Por ello y mediante decreto n° 2040 del 26/11/2008 la presidente Cristina Fernández de Kirchner dispuso “Trasládase, a partir del 1° de abril de 2010, del TOF 1 de La Plata al TOF 4 de la Capital Federal al señor doctor Pablo Daniel Bertuzzi”. Posteriormente en septiembre de 2018 fue nuevamente trasladado desde el TOF 4 de la Capital a la Cámara Federal de ese distrito, mediando conformidad del Consejo de la Magistratura y designación por decreto del presidente Mauricio Macri. Por su parte Bruglia quien se desempeñaba en el TOF 4 de la Capital fue trasladado en abril de 2018 a la sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py para lo cual y al igual que Bertuzzi contó con la conformidad del Consejo de la Magistratura así como del respectivo decreto del presidente Mauricio Macri. Finalmente, Castelli en 2002 fue designado como juez del TOF de San Martín y en 2018 solicitó su traslado al TOF 7 de la Capital lo cual fue aprobado por el Consejo de la Magistratura y siendo designado por decreto presidencial.

7° Por todo lo expuesto, es de toda evidencia que las designaciones de los jueces impugnados fueron realizadas contando con la aprobación del Consejo de la Magistratura y con el consecuente decreto presidencial que así los pusiera en funciones, sin requerir un nuevo acuerdo del Senado por tratarse de traslados de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía y dentro de la misma jurisdicción federal, con igual o similar competencia material y contando en los 3 casos con el consentimiento de tales magistrados, tales como lo resolviera la Acordada 7/18 de la Corte Suprema de Justicia. Y siendo que tales designaciones fueron realizadas y consentidas por los órganos intervinientes con anterioridad a octubre de 2019, no se les puede aplicar en forma retroactiva a sus designaciones la modificación del Reglamento 270/19 del Consejo de la Magistratura que exige el nuevo acuerdo del Senado, lo que no se requería según el anterior reglamento 155/2000 vigente al tiempo de dichas designaciones.

8° Siendo así, el próximo martes la Corte Suprema de Justicia debe resolver si conforme lo sostuviera en la Acordada n° 7/18, en el caso de los tres jueces impugnados no es menester un nuevo acuerdo del Senado, dejando sin efecto la decisión de ese cuerpo de invalidar los nombramientos y disponiendo su retorno a los cargos que ejercían a ese momento; o por el contrario, convalidar lo actuado por esa cámara y mantener a los nombrados en los primitivos destinos. De adoptarse el primer criterio y a diferencia de lo que sostienen algunos sectores, no se produciría ningún conflicto entre el Senado y a Corte toda vez que ésta no estaría sino ejerciendo la función de control de constitucionalidad que le compete conforme al art. 31 de la Ley Fundamental. Ya en 1803 la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU en el leading case “Marbury vs. Madison” había resuelto que correspondía al Poder Judicial decidir acerca de la constitucionalidad de los actos emanados de los poderes Ejecutivos y Legislativos, pero sin que ello implicara una superioridad del Poder Judicial sobre los otros dos, pues como lo explicara Hamilton “Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas fundamentales antes que por las que no lo son “ Esta doctrina ha sido seguida por nuestros tribunales sin interrupciones a partir del caso “Sojo” de 1887; y si bien inicialmente la Corte creo la doctrina de las “cuestiones políticas” en virtud de las cuales el Poder Judicial no podía intervenir en principio en aquellas cuestiones privativas de los otros poderes, lo cierto es que tal interpretación limitativa fue objeto de revisión, lo cual no implica desconocer aquella zona de reserva privativa de cada una de los poderes sino asegurar que, precisamente, las atribuciones que la Ley Fundamental les otorga sean ejercidas conforme a dicho marco, ya que en caso contrario, quedarían exentos de control los actos lesivos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, violentándose el principio de supremacía consagrado por el art.31. Y por ello y como lo sostuviera Bidart Campos, ningún órgano puede alegar la división de poderes para justificar un acto contrario a la Constitución, ya que “no hay competencia para infringir la Constitución. Es una regla elemental del poder constituido, que está por debajo del poder constituyente. Y es a los jueces a quienes incumbe poner en sus carriles al órgano descarriado. Precisamente, con ello se da a la división de poderes su sentido auténtico, que no es el de poder hacer cualquier cosa, sino de hacer lo que la Constitución manda, concede o permite”

En conclusión: si el Senado ha violado los recaudos exigidos para poder ejercer el cargo a tres jueces designados conforme a la Constitución y la ley vigente y en contra de lo decidido por la propia Corte, corresponde que ésta resuelva el caso en la forma antes señalada. Deliberadamente decidí no abordar cuestiones políticas en este análisis, tal como serían las razones para que sean éstos y no otros los jueces impugnados y su posible intervención en causas que puedan afectar a la actual vicepresidente o el porqué del voto de Camaño en el Consejo de la Magistratura y que provocara la secuela que hiciera que el caso llegara a la Corte. Es que no se trata del caso particular de esos tres magistrados sino que en la Argentina de la anomia la Corte tiene en sus manos resguardar principios esenciales de la forma republicana como lo son la garantía del juez natural, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, entre otros. El martes el Alto Tribunal tiene la última palabra.