Lectura de Domingo:"Honrar a los muertos" por Carlos Baeza

 

“La vida del muerto está en la memoria del vivo” Cicerón

 

En la Argentina de la anomia y la amnesia existe un sector de la población que está convencido que la violación de los Derechos Humanos comenzó el 24 de marzo de 1976 cuando el gobierno usurpador encabezado por Rafael Videla derrocara a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón, iniciando un largo periodo teñido de sangre. Sin embargo la historia -la verdadera- muestra que los secuestros, asesinatos y otros actos de violencia comenzaron varios años antes.

1° Si bien antes de 1970 ya habían tenido lugar algunas acciones subversivas esporádicas, especialmente en el noroeste del país, tales como las protagonizadas por los “Uturuncos” o las FAP, en ese año hicieron su irrupción los dos principales movimientos guerrilleros. Los Montoneros tuvieron su bautismo de fuego el 29 de mayo de 1970 en la “Operación Pindapoy” con el secuestro y posterior asesinato del General Pedro Eugenio Aramburu, al que seguiría una larga lista de crímenes y hechos violentos, incluyendo secuestros, robos y asaltos a sedes militares y policiales. Si bien inicialmente coincidían con el proscripto movimiento peronista, poco a poco fueron distanciándose de Perón quien exiliado en España alentaba su accionar y los llamaba “la juventud maravillosa”, incluso enviando ofrendas florales cuando alguno de sus líderes caía abatido en enfrentamientos armados. En 1973 se fusionarían con las FAR y poco a poco fueron cuestionando las políticas del líder en el exilio hasta el abierto enfrentamiento que tendría lugar el 1 de mayo de 1974 cuando el ya presidente Juan Domingo Perón, desde el emblemático balcón de la Casa Rosada y frente a cánticos adversos y agresiones verbales a su esposa, arremetió contra ellos, calificándolos como “estúpidos” e “imberbes” y provocando su alejamiento de la Plaza de Mayo. Por su parte, el ERP igualmente comenzó a operar el mismo año 1970 cuando el 30 de julio en un amplio operativo tomaran la ciudad de Garín, momento a partir del cual y en paralelo al accionar de Montoneros llevaran a cabo numerosos atentados, asesinatos y tomas de unidades militares.

2° Al fallecer Perón el 1 de julio de 1974, su sucesora y esposa María Estela Martínez de Perón, se vio acosada por los hechos de violencia que tras la muerte del líder comenzaron a crecer en forma exponencial. Ello se veía agravado por cuanto además del accionar de Montoneros y el ERP, el propio gobierno contaba con una fuerza parapolicial de derecha, la AAA, organizada por el esotérico cabo de policía José López Rega quien luego de la muerte de Perón acrecentó su influencia sobre la presidente. De allí que llegado el año 1975 los episodios de violencia habían alcanzado un total de más 300, a punto tal que, por ejemplo, el 27 de agosto hubo 11 atentados. Frente al agravamiento de la situación, el gobierno dictó el decreto 261/75 cuyo art. 1° disponía que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. En este marco, el 5 de septiembre de 1975, una patrulla del Regimiento de Infantería del Monte N° 28 “Juana Azurduy” con asiento en Tartagal, Salta y que estaba actuando en Tucumán retornaba a su cuartel luego de haber llevado a cabo los operativos ordenados por la superioridad. En esas circunstancias, fue sorprendida en una emboscada en el paraje “Potrero Negro” por fuerzas del ERP y luego del enfrentamiento armado, resultaron muertos el Teniente Rodolfo Hernán Berdina y el Cabo Ismael Maldonado.

3° Como consecuencia de este episodio, en 1977 se impuso el nombre de Teniente Berdina a un pueblo tucumano en tanto otro lugar de esa misma provincia recuerda al cabo Ismael Maldonado, cuyo nombre igualmente se impuso a una escuela de Salta. El año pasado en la localidad de Teniente Berdina, el Ejército Argentino realizó un homenaje a los caídos en el combate de “Potrero Negro” colocando en la plaza del lugar una placa con la siguiente inscripción: “1975 – 05 de septiembre de 2019. En un nuevo aniversario del Combate de “Potrero Negro”, el Ejército Argentino rinde homenaje a sus soldados y reafirma su compromiso con sus conciudadanos”. Con igual finalidad, el 5 de septiembre de este año el Ejército Argentino publicó un tweet que decía: ““Un día como hoy pero de 1975 el subteniente Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar en el combate de ‘Potrero Negro’, provincia de Tucumán” Sin embargo, pocas horas después el tweet fue borrado y por igual vía se publicó otro que expresaba: “El Ejército Argentino ha decidido retirar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos. La única intención del mismo fue recordar a dos soldados muertos”

4° Según informaran los medios, la eliminación del primer comunicado fue dispuesta por el Ministerio de Defensa ante el reclamo de organizaciones de DD.HH y transmitida al Jefe del Ejército quien procedió en tal sentido. La decisión adoptada resulta francamente incalificable dada la naturaleza del homenaje en el cual el Ejército se limitaba a recordar a dos miembros muertos en cumplimiento del deber de defender a la Patria. Adviértase que, en primer lugar, la decisión de combatir la agresión terrorista en la provincia de Tucumán fue tomada en 1975 por un gobierno constitucionalmente elegido -cualquiera sea la valoración de su gestión- y que quienes integraban las filas del Ejército eran soldados cumpliendo órdenes superiores y que arriesgando sus vidas fueron emboscados y atacados por los guerrilleros del ERP originando un combate armado entre ambas fuerzas y como consecuencia del cual perdieran la vida Berdina y Maldonado. De allí que resulta agraviante para la memoria de los fallecidos en combate y en defensa de la Patria el haber eliminado un recordatorio público en homenaje a esas víctimas como si tal supresión en los medios pudiera borrar la memoria de todos quienes pudimos leer el referido mensaje. Y ese agravio fue inferido, en primer lugar, por el ministro Rossi, -el mismo al que ocupando ese cargo en el anterior gobierno kirchnerista le “desaparecieran” un misil, fusiles FAL y numerosas municiones- ya que cualquiera pudieran haber sido las quejas ello no justificaba impedir un homenaje en los medios que se limitaba a recordar la muerte de dos miembros del Ejército. Pero igual reproche cabe al Jefe del Ejército Claudio Ernesto Pasqualini, quien en lugar de oponerse a la orden del ministro de Defensa y en un gesto digno poner su renuncia a disposición del Poder Ejecutivo, optó por preservar su puesto y sus fueros y acatar obedientemente la manda de “olvidar” a sus propios soldados caídos en combate y en defensa de la Patria, la misma que él debe haber jurado defender hasta dar la vida.

5°La Constitución Nacional en su Preámbulo consagra como uno de sus fines el de “consolidar la paz interior” a cuyo fin el propio texto brinda las herramientas para alcanzar ese objetivo. Así, el art. 22 dispone que “Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición” Precisamente, el art. 229 impone pena de prisión de 1 a 6 años a quienes incurrieren en tal delito el que se configura cuando, entre otras causas, “se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley”. Pero además, el mismo Código Penal contempla entre los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional una norma similar a la del art. 229 pero para el ámbito del gobierno nacional y con penas de entre 5 y 15 años, la que se agrava de 8 a 25 años cuando la finalidad fuere “cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporalmente, la independencia económica de la Nación”; en tanto que si el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio (art. 226)

Otra de las herramientas que la Constitución Nacional contempla a estos fines es el estado de sitio regulado en el art. 23 y que corresponde declarar al Congreso (art. 75 inc. 19) en caso de conmoción interior que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, pudiendo suspenderse durante su vigencia las garantías constitucionales y facultando al presidente para arrestar personas o trasladarlas de un punto a otro del país. E igualmente y con similar finalidad el art. 6° de la C.N autoriza al Congreso a intervenir los territorios provinciales para garantir la forma republicana de gobierno o para sostener o restablecer a sus autoridades constituidas si hubiesen sido depuestas por la sedición (art. 75 inc. 31)

Finalmente, el art. 36 de la Ley Fundamental determina que quienes interrumpieren la observancia de la Constitución por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, serán pasibles de la sanción prevista por el art. 29 -esto es, traición a la patria que prevé una pena de 10 a 25 años de prisión (art. 214 C.Penal- inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas, siendo las acciones imprescriptibles. Como se advierte a través del análisis del texto constitucional, la orden presidencial en 1975 tenía como finalidad defender el imperio de la Constitución Nacional, la forma republicana y la subsistencia de los poderes constituidos frente al ataque armado de organizaciones guerrilleras que a sangre y fuego asolaban a nuestro país, y en el marco de expresas facultades conferidas a los poderes del Estado por la Ley Fundamental.

6° Pero en esta Argentina paradojal por donde se la mire, mientras el 5 de septiembre se trataba de homenajear a dos soldados muertos en un enfrentamiento con la guerrilla, dos días después tenía lugar otro homenaje en las antípodas del anterior. En efecto: el 7 de septiembre de este año se conmemoró el “Día del Montonero” al celebrarse el 50 aniversario de la muerte de los “Héroes de la Patria Fernando Aval Medina y Gustavo Ramus” en un enfrentamiento con fuerzas policiales, expresando que “estamos defendiendo solidariamente la dignidad histórica y la justicia de la resistencia a la violencia estatal y paraestatal con la que gobiernos militares y civiles reprimieron ilegal y anti democráticamente al movimiento popular”. Sin embargo, lo más curioso de este episodio es que mientras el ministro de Defensa y el jefe del Ejército “borraban con el codo lo escrito con la mano”, los presuntos agraviados por el frustrado homenaje que no eran otros que los miembros del ERP, publicaban un comunicado en repudio, no al mensaje inicial sino al que pretendiera borrarlo, sosteniendo que “En el marco legal aunque ilegítimo ‘Operativo Independencia’, donde perdieran la vida el subteniente Berdina y el soldado Maldonado, reconocemos el inalienable derecho de sus camaradas a honrar la memoria de los compañeros de armas. Es por ello que entendemos no ofensivo el luctuoso homenaje realizado por el Ejército Argentino en su cuenta de Twitter con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del ‘Combate de Potrero Negro’, sin perjuicio de las opiniones en contrario que fueran pronunciadas al respecto”. Sin comentarios.