Mié01272021

ActualizadoMié, 27 Ene 2021 12pm

Lectura de Domingo: "Prohibido prohibir (los despidos)" por Carlos Baeza

El constitucionalista bahiense aborda aquí uno de los temas más controvertidos que ha generado esta situación pandémica atravesada por el mundo pero que en la  Argentina se ha diferenciado por medidas como la que aquí se profundiza.

 

El gobierno, mediante el decreto 624/20 prorrogó el decreto 487/20 estableciendo la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor; así como las suspensiones por iguales motivos, disponiendo que los despidos y suspensiones que se realicen en violación a estas normas, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

Al mismo tiempo, por decreto 528/20 prorrogó igualmente el decreto 34/19, por el cual en caso de despidos sin justa causa el trabajador tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización fijada por la legislación vigente. Fácilmente se advierte a través de estos dos decretos la existencia de una notoria contradicción legal ya que, por una parte, se prohíben los despidos y se tienen por no sucedidos, pero por otra se admite que ello no es así y fija una doble indemnización para el caso que tales despidos se produzcan no obstante la inicial prohibición. Un auténtico oxímoron laboral que no se compadece con la legislación vigente.

1° En su momento, la ley 25.561 (año 2002) dispuso la suspensión de los despidos sin causa pero, admitiendo que no obstante los hubiera, obligó a los empleadores a abonar a los trabajadores despedidos el doble de la indemnización que les correspondiera por el incausado distracto. Es que el sistema de estabilidad impropia vigente en el marco del derecho del trabajo del sector privado, faculta al empleador a producir el despido ya sea con causa o sin ella, y en este último caso sin más obligación que indemnizar al dependiente conforme a los parámetros legales. En este contexto y sin haberse modificado el art. 245 de la LCT mal podía la citada ley trabar la decisión unilateral del empleador, imponiéndole un periodo de veda para producir despidos. Pero por otro lado, la misma cláusula, luego de sentar el principio, revelaba que la intención del legislador no era impedir los despidos, al decir que en caso de producirse los mismos, los empleadores deberían abonar una indemnización agravada. Y ello es lo ocurre ahora al no tenerse presente la sustancial diferencia entre la relación de empleo público y la privada.

2° El art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone, por una parte, “la estabilidad del empleado público” y por otra -en el caso del empleo privado- “la protección contra el despido arbitrario”. En el debate habido en la Convención Constituyente de 1957 se sostuvo que “El derecho a la libertad de trabajo, que es inherente a la personalidad humana, tiene una finalidad distinta a la perseguida al consagrarse el derecho a la conservación del empleo…La protección contra el despido arbitrario consiste en el amparo jurídico que se asegura con el fin de otorgar permanencia en el empleo. Es al decir de Ludovico Barassi, ‘una permanencia jurídicamente garantizada’.

La estabilidad es, así, un tratamiento jurídico especial, que se da al trabajador que reviste la calidad de permanente. Un trabajador puede ser permanente y no ser estable; para que esto último ocurra es indispensable que medie una limitación a la facultad patronal de poner fin a la relación, o sea que exista una protección jurídica contra el despido.

La vinculación consiste en que para que haya estabilidad es necesario que exista permanencia; lo contrario no es posible…Lo que ocurre es que cuando el sistema no garantiza el reempleo, o sea la reinstalación del trabajador injustamente despedido, la cuestión se resuelve a menudo imponiendo al empleador el pago de una indemnización que guarda analogía con la que debe abonarse en los sistemas jurídicos que no establecen la estabilidad…”

“La estabilidad, salvo pocas excepciones, está tipificada en el caso de los empleados públicos, ya que puede ser considerada como un elemento natural de la relación entre ellos y la administración. Esto por la naturaleza especial del servicio y de la función pública, que es perenne y sujeta a mínimas variaciones. En el Estado de derecho todos los actos de la administración pública son reglados por la ley. En la vida privada, a los ciudadanos les está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido por la ley, mientras que la administración pública sólo puede realizar todo aquello que le está expresamente consentido por la ley.

En algunos países donde la estabilidad está asegurada por ley, la cesantía del empleado público arbitrariamente dispuesta, es nula, no produce efecto alguno; el empleado arbitrariamente alejado tiene el derecho de reincorporarse a su puesto, aun cuando esto no sea del agrado de sus superiores, los que deben acatar la decisión del tribunal administrativo al cual recurrió el empleado…En el campo de las relaciones del derecho privado, la situación es distinta.

El poder discrecional, que constituye la excepción en la administración pública, representa en este campo la regla.
Resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir en el local de su empresa, para reincorporarlo al empleo, al trabajador cuyos servicios desea no utilizar más, y no se trata en el caso de una dificultad meramente jurídica que puede ser salvada mediante condenas conminatorias o compulsivas, tan comunes en el derecho angloamericano, y que en casos aislados han tenido aplicación en nuestro país, sino la imposibilidad lógica y humana”

3° De tal forma, la Constitución recogiendo las normas existentes en la materia al momento de la sanción del art. 14 bis, efectuó esa distinción. El empleado público goza de estabilidad (propia) lo que supone que, en principio, no puede ser despedido sin causa, sino únicamente por razones graves debidamente acreditadas en una etapa instructoria previa y con resguardo del derecho de defensa. De todas formas, cabe tener presente el concepto de relatividad de los derechos y que emerge del art. 14 en cuanto determina que no existen derechos absolutos sino que todos deben ejercerse conforme a las leyes que los reglamentan. Por ende, tampoco el derecho a la estabilidad del empleado público reviste carácter absoluto en cuanto a su permanencia en el cargo, sino el derecho a un equitativo resarcimiento cuando, por razones que son de su exclusiva incumbencia, el Poder Legislativo decide suprimir un empleo, o el Poder Ejecutivo resuelve remover a un empleado, sin que exista culpa de este último, por razones de racionalización o de interés general.

En cambio, en el caso del trabajador privado, (estabilidad impropia) la extinción del contrato de trabajo puede ser dispuesta con justa causa o bien, incausadamente. Si el trabajador comete una injuria hacia su empleador que, por su gravedad, no permite la continuidad de la relación, este puede proceder al despido sin que el dependiente tenga derecho a reparación alguna. Por el contrario, el empleador puede igualmente disolver el contrato sin invocar causa alguna o, sin poder probar judicialmente la que invocara como justificación del distracto.

Igual solución cabe cuando es el mismo dependiente quien justificadamente se coloca en situación de despido, frente a la injuria inferida por el empleador al incumplir prestaciones debidas, tal como acontecería si dejara de abonar la remuneración legal o convenida, o modificara unilateral y arbitrariamente condiciones esenciales del contrato de trabajo o, en fin, cometiera alguna injuria moral o económica en perjuicio del dependiente. De tal forma, la protección constitucional en estos supuestos no acarrea la restitución del trabajador a su puesto de labor -estabilidad propia- sino solamente el pago de indemnizaciones.

4° Conforme se viera el decreto 528/20 se limita a establecer que en caso de producirse despidos incausados dentro del periodo de veda, los empleadores deberán abonar el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente. Cuando el legislador ha pretendido que la creación de una determinada indemnización fuera comprensiva de uno o más parámetros, así lo ha establecido.

Tal lo que ocurre, por ejemplo, en el supuesto del art. 1° de la ley 25.323 cuando dispone que en la hipótesis que la norma contempla, el empleador debe abonar duplicada la indemnización del art. 245 LCT; en tanto que el art. 15 de la ley 24.013 obliga a pagar al trabajador “el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido”. Por el contrario, el decreto citado se limita a establecer el pago del doble de “la indemnización” que por despido incausado corresponda y que en el régimen de la LCT es únicamente la del art. 245, ya que si bien existen otras indemnizaciones que igualmente deben ser satisfechas al momento del distracto no tienen por finalidad proteger al trabajador contra el despido arbitrario.

Tal lo que acontece con la indemnización por las vacaciones no gozadas del art. 156 de la LCT cuyo pago corresponde, inclusive, en el supuesto de un despido con causa; o la indemnización por clientela del art. 14 de la ley 14.546 que igualmente debe ser satisfecha en todo supuesto de disolución del vínculo.

En otros casos, la ley establece ciertas indemnizaciones agravadas cuya finalidad tampoco es la protección contra un despido arbitrario, aunque deban pagarse en el supuesto en que tal distracto ocurra, junto con la indemnización común del art. 245 de la LCT. Así sucede con las indemnizaciones por maternidad o matrimonio; la del art. 15 de la ley 24.013 en materia de registración laboral; o la del art. 45 de la ley 25.345 por falta de entrega del certifico de trabajo regulado por el art.80 de la LCT.

5° Por lo expuesto, cabe concluir que en nuestra legislación vigente y con sustento en el art. 14 bis de la C.N, el trabajador del sector privado no goza de estabilidad propia y por ende carece del derecho a ser reincorporado en su puesto. Siendo así, el decreto 624/20 no puede impedir los despidos incausados o por causas de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo no imputable al empleador del sector privado, pretendiendo así establecer una suerte de “estabilidad propia” similar a la del trabajador público, ordenando la permanencia del trabajador en su puesto al invalidar tales despidos.

Finalmente, y en los casos de despidos incausados o cuando es el trabajador quien se pone en tal situación por injuria del empleador, la única duplicación que cabe reconocer es la fijada por el art. 245 LCT t.o; en tanto que en los supuestos en que el distracto se produzca por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, solo debe duplicarse la indemnización regulada en el art. 247 de la LCT, es decir, la mitad de la prevista en el art. 245; y sin que sea posible recurrir por analogía a otras indemnizaciones duplicadas previstas en diversas cláusulas legales pero que responden a situaciones distintas de la relación laboral y no a despidos incausados.

El inefable Ambrose Bierce en su “Diccionario del diablo” definía al político como “anguila en el fango primigenio sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Comparado con el estadista, padece la desventaja de estar vivo”. Al Senado como “cuerpo de ancianos que cumple altas funciones y fechorías”; al diputado como “miembro de la cámara baja en este mundo, sin esperanza visible de ascenso en el próximo”; y al presidente como “figura dominante en un conjunto de hombres que son los únicos de los que se sabe con certeza que la inmensa mayoría de sus compatriotas no deseaban que llegara a la presidencia”.

En nuestro caso contamos con 72 senadores; 257 diputados y 1 presidente (¿o 2?) ninguno de los cuales –no obstante ser su obligación- aparenta conocer la génesis del art. 14 bis a través de la palabra de los constituyentes de 1957. Por si a alguno de todos ellos les puede interesar el tema para no seguir cometiendo desaguisados, les informo que pueden consultar el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1957, sesión del 21 de octubre de ese año, fundamentación del convencional Bravo, pgs. 1225 y ss.

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