Mar01192021

ActualizadoLun, 18 Ene 2021 8pm

Lectura de Domingo:"El aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia" por Carlos Baeza

“La justicia, aunque camina con paso tardo, rara vez deja de alcanzar al malvado en su fuga” Horacio

 

“Tenemos que cambiar el Poder Judicial, ponerlo en comisión, porque no funciona” agregando que de llegar a ser gobierno el kirchnerismo -como realmente ocurrió- “se debería indultar a todos los procesados por corrupción en las causas de coimas, tales como los empresarios, porque tienen miles de empleados”.

Estas expresiones no pertenecen a un revolucionario bajado de Sierra Maestra, sino al inefable y efímero ex presidente de facto Duhalde, el mismo de “El que puso dólares recibirá dólares” o del no menos famoso “Estamos condenados al éxito” y a quien no le dio el cuero para cumplir el inconstitucional mandato que le confiriera el Congreso. Y ello viene a cuento del proyecto del actual gobierno quien ha decidido encarar una reforma judicial con aroma a la fallida “democratización de la justicia” , uno de cuyos objetivos es el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia así como su división en salas, con el deliberado propósito -amén de otras enmiendas en el mismo sentido- de lograr una mayoría de jueces afines en el Alto Tribunal capaz de desarticular las causas por corrupción que involucran a funcionarios del gobierno kirchnerista –incluida la actual vicepresidente- y que, actualmente en trámite en poder de tribunales inferiores, en un futuro cercano llegarán a esa instancia. Ello no es ninguna novedad ya que venía siendo anunciado con insistencia por diferentes referentes del oficialismo tal como lo expresara con patética autenticidad el senador Francisco Durañona para quien los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia “tienen que ser militantes nuestros que tengan la preparación para que cuando lleguen los temas a instancia de la Corte que nosotros mismos proponemos y creemos que son importantes -como la ley de medios y la reforma judicial- los puedan defender”. Claro que ninguno como Mempo Giardinelli, un intelectual de acendrada formación republicana quien llegó a la audaz propuesta de la eliminación del Poder Judicial para que haya en su lugar un sistema de justicia o un servicio de justicia”. A buen entendedor pocas palabras…

1° La Comisión Redactora de la Constitución de 1853, elaboró un proyecto según el cual el Poder Judicial reposaba en una Corte Suprema de Justicia compuesta por 9 jueces y 2 fiscales, y en los demás tribunales inferiores que el Congreso creara, lo que fuera aprobado por unanimidad en la sesión del 23 de abril de 1853, como el entonces art. 91. Así fue como por decreto del 6 de agosto de 1854 se designaron para integrar el cuerpo a Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata. Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García; en tanto como fiscales fueron nombrados Ramón Ferreira y Pío Tedín, todos los que debían asumir el 27 de octubre de 1854. Pero el cuerpo no llegó nunca a conformarse por diversas razones cuyo análisis excede el presente.

2° Por tanto y al producirse la primera reforma de la Constitución, como consecuencia del Pacto de San José de Flores y la necesidad de incorporar a la provincia de Buenos Aires, la Convención de este estado propuso enmendar la cláusula, reduciendo el número de integrantes de la Corte a 4 jueces y un fiscal, lo que motivara una situación particular, ya que no obstante estar dificultada su conformación lo que imposibilitaba su funcionamiento, existían –como se ha visto- 9 jueces ya designados para integrar el cuerpo, el que ahora se reduciría a 4. Así, se originó una singular polémica entre Bartolomé Mitre y Juan Francisco Seguí quien a través de “El Nacional Argentino” de Paraná, sostenía en agosto de 1860 que “Los hombres influyentes en la Convención de Buenos Aires no están contentos con las personas elegidas por el presidente de la República para jueces de la Suprema Corte, y han concebido y adoptado el único medio que les quedaba para destituir a los nombrados…Aceptada esta enmienda, será preciso sortear a los jueces actuales, para que la suerte decidiese quiénes debían cesar, evitándose así preferencias odiosas e injustificadas. Es probable, y más que probable, que los actuales jueces no consentirán en el sorteo, sino que elevarían su dimisión por delicadeza propia”. Sin embargo y si bien la Convención bonaerense, en esa misma jornada, aprobó dicho proyecto, la Convención Nacional ad hoc que debía tratar el plan de enmiendas propuesto por Buenos Aires, en su sesión del 23 de septiembre de 1860, eliminó del texto constitucional lo concerniente al número de miembros del cuerpo, cuya fijación y distribución es, desde entonces, resorte exclusivo del Congreso. De allí y en uso de tal potestad, el 16 de octubre de 1862 se sancionó la ley n° 27 que estableció la integración de la Corte con 5 jueces y un procurador general, designándose a Salvador María del Carril, Francisco de las Carreras, Francisco Delgado, José Barros Pazos y Valentín Alsina. Dado que este último no aceptó el cargo, el presidente Mitre designó en su reemplazo a José Benjamín Gorostiaga, quien presidiría el Cuerpo, siendo el procurador general Francisco Pico.

3° La composición del Alto Tribunal con 5 miembros se mantuvo por espacio de casi 100 años a través de los sucesivos gobiernos hasta que el 9 de febrero de 1960 y mediante ley 15.271, el presidente Arturo Frondizi elevó el número a siete jueces y facultó a la propia Corte a dividirse en salas, si bien reservando a la decisión plenaria del cuerpo, los asuntos de competencia originaria y las cuestiones de inconstitucionalidad. No obstante, esta conformación fue dejada sin efecto por el gobierno usurpador de 1966 el cual, mediante ley 16.895 de 1968 dispuso el retorno a la originaria integración de 5 jueces la que se mantuvo durante más de 20 años.

4° Durante el gobierno del presidente Carlos Menem se decidió elevar el número a 9, motivando que mediante la Acordada n° 44 del 21 de septiembre de 1989, la Corte hiciera saber a los poderes Ejecutivo y Legislativo, el malestar producido por no haber sido consultada acerca de semejante iniciativa; señalándose por parte de la mayoría integrada por los Ministros Carlos S. Fayt, Enrique Petracchi y Jorge Bacqué que “el hecho de elevar a nueve el conjunto de jueces de la Corte no significaría un alivio sino la multiplicación del trabajo de cada magistrado”. A pesar de todo ello, el Congreso sancionó finalmente en 1990 la ley 23.774, por lo cual desde entonces la Corte contó con 9 integrantes, al menos nominalmente, ya que debido a renuncias y enjuiciamiento de algunos de los integrantes de la denominada “mayoría automática” de la era menemista, el cuerpo funcionó en la práctica con 7 jueces, no obstante que Néstor Kirchner, si bien sancionó el decreto 222/03 que entre otras cláusulas disponía que producida una vacante en la Corte el P.E. enviaría dentro de los 30 días la propuesta de designación del reemplazante, nunca utilizó esta normativa y así durante más de 15 años el Alto Tribunal no tuvo la integración de 9 miembros exigida por la ley 23.774, con el inconveniente que ello generaba para la adopción de decisiones fundamentales, dado que, siendo 9 sus integrantes, se debía contar con una mayoría de 5 votos contra 4, siendo que el total de miembros era de 7.

5° En el año 2006 y a iniciativa de la entonces diputada nacional Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la ley 26.183 mediante la cual se dispuso reducir la integración de la Corte al número original de 5 miembros; pero habida cuenta de la existencia en ese momento de 7 magistrados gozando de la inamovilidad en el cargo que les garantiza el art. 110 de la Constitución, la misma normativa dispuso que se reduciría transitoriamente a 7 el número de jueces, en tanto que en oportunidad de producirse dos vacantes, las mismas no se cubrirían, sino que el cuerpo funcionaría con 6 y 5 miembros, respectivamente, adoptando las resoluciones por mayoría de sus miembros, hasta alcanzar así el nuevo número legal de 5 integrantes. ¿Cuáles fueron los fundamentos de Cristina F. de Kirchner para propiciar esta reforma? Según surge del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados (15/11/2006) “…En términos estrictamente históricos, restituir a cinco el número de los miembros de la Corte, implicará retomar una larga tradición, en una verdadera búsqueda de la revalorización institucional…Es claro que esta reafirmación del número original de los miembros tiene la finalidad explícita e implícita de resguardar y no de socavar la independencia de la Corte, y, en ese sentido, tiene una implicancia exactamente contraria a la tan cuestionada ampliación. Es significativo que el número de miembros que postula el proyecto es, exactamente, el que regía previo a su ampliación, siendo además el número establecido, como ya dijimos, en el año 1860. Es obvio que si se presume de la ampliación la intencionalidad de la afectación de la independencia del Poder Judicial, de la disminución sólo cabe inferir un refuerzo de esta última…En la circunstancia actual, la medida que se propicia constituye, sin lugar a dudas, la reafirmación de una institución clave en el resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos”. De esta manera y al producirse el fallecimiento de la Dra. Argibay la vacante no se cubrió funcionando con 6 jueces y lo mismo sucedió al morir el Dr. Petracchi, cuando al cuerpo quedó así conformado con la nueva integración de 5 jueces.

6° Ahora, nuevamente el kirchnerismo pretende aumentar el número de jueces del Alto Tribunal por lo cual y recurriendo a las propias expresiones de la entonces diputada CFK cabría afirmar que si la reducción del cuerpo reafirmaba la no afectación de la independencia del mismo, su ampliación revela lo contrario; o que si el número de 5 jueces significaba el resguardo de los derechos y garantías de los ciudadanos, su aumento a 9 integrantes demostraría lo opuesto. Pero además tampoco es posible la división en salas de la Corte -como acontece, por ejemplo, con las Cámaras de Apelación- ya que la competencia atribuida por la Constitución supone, en cada caso sometido a examen, el pronunciamiento de un cuerpo único, toda vez que el art. 108 claramente dispone que “El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia…”, lo que de manera alguna se compadece con un fraccionamiento en salas de distintas competencias. Acertadamente sostuvo Bielsa que esa división se encuentra justificada dentro de una jurisdicción cuando existen diversas competencias en razón de la materia; pero en la Corte Suprema “esa división implicaría simplemente una instancia más, pero sin la unidad que es esencial en la cima de toda jurisdicción, máxime cuando a la ordinaria se suma la extraordinaria, y además, ese tribunal tiene jurisdicción originaria y, por consiguiente, exclusiva en ciertas categorías de causas”. Además que en cada sala bastaría el voto de 2 miembros para resolver una cuestión, sin contar que podrían existir pronunciamientos encontrados entre ellas, todo lo que atenta contra la unidad de ese órgano jurisdiccional, tal como lo concibieran los Padres Fundadores. De allí que no obstante contar con esta facultad durante el gobierno de Frondizi, nunca la Corte concretó la división en salas. Es que como lo afirma el citado autor “si tres jueces ven un asunto en quince días, cinco necesitan veinticinco y nueve jueces, cuarenta y cinco días”.

“Mal puede juzgar un juez que tiene a la vista del juicio la autoridad o voluntad de su príncipe como idea de lo que hay de dictar” (Quevedo).

Por todo ello, no es posible pensar una falta de intencionalidad política en el proyecto de aumento de integrantes de la Corte, al menos si recordamos que la propia ex presidente CFK dijo: “No creo en el Poder Judicial de la República Argentina, por lo menos en los que en Comodoro Py evalúan este tipo de conductas… El Poder Judicial siempre actuó en contra de nuestro gobierno". Y en una muestra de kirchnerismo explícito, el diputado Rodolfo Tailhade, denunciador serial de causas perdidas y graduado “honoris causa” en Pugilato Verbal, publicó un simpático tweet con motivo del Día del Amigo con la leyenda:

“Al amigo, todo” y a continuación es posible ver un video conteniendo una de las tantas democráticas frases de Juan Domingo Perón: “Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”.

Pienso que ya está todo dicho respecto al futuro de la justicia en la Argentina de la anomia.

Fe de erratas: El autor deja constancia que por un involuntario error de citas, en el 5° párrafo, cuando se transcriben dichos de Cristina Fernández de Kirchner se la sindica como diputada nacional, siendo que en realidad ocupaba una banca en la Cámara de Senadores y que el diario de sesiones que se cita es el de esa Cámara (22/11/06 pg. 67/71)

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