Mar01262021

ActualizadoMar, 26 Ene 2021 5pm

Lectura de Domingo: "El secreto de las fuentes de información periodística" por Carlos Baeza

Estoy en desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida para defender tu derecho a expresarlas” Voltaire

Los doce años del gobierno kirchnerista dejaron en claro dos de sus principales preocupaciones en aras de su autodefensa en materia de posibles actos de corrupción y su consecuente persecución judicial: uno, fue el Poder Judicial a través del intento fallido de “democratizar la justicia” y el restante, los medios periodísticos a través de la sanción de la ley de medios que igualmente y en la práctica no tuvo vigencia.

Y bien: el actual gobierno ya ha manifestado su intención de renovar la embestida contra dichos actores y principalmente con el periodismo mediante cotidianas confrontaciones del presidente con numerosos medios que lo entrevistaran; en tanto se han enviado fuertes señales de persecución judicial a varios periodistas, así como inquietantes declaraciones que revelan esos sentimientos tal como ocurriera con la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, quien refiriéndose a Baby Etchecopar sostuvo -en una clara muestra de su espíritu republicano- que “apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad”, aunque ignoramos de qué medios se valdrá para ello, esperando que el término “apuntamos” no guarde relación con su trayectoria erpiana.

Y una muestra más de este escenario es lo ocurrido en las últimas semanas al haberse denunciado un aparente plan de espionaje por parte del anterior gobierno y que involucraría a funcionarios, agentes de inteligencia, miembros del Poder Judicial y periodistas, entre otros. Precisamente y en el caso de estos últimos se pretende sostener que ellos integran una asociación ilícita al haber reproducido informes provenientes de agencias oficiales de inteligencia, violando así las normas en la materia que resguardan la difusión de esos datos por razones de seguridad del Estado.

I- Sostiene Joaquín V. González que la prensa “es uno de los más poderosos elementos de que el hombre dispone para defender su libertad y sus derechos contra las usurpaciones de la tiranía, y por este y los demás objetos generales y particulares de su institución, puede decirse que por medio de la palabra y de la prensa, el pueblo hace efectiva y mantiene toda la suma de soberanía no conferida a los poderes creados por él en la Constitución”.

Precisamente el art. 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” lo que supone que tal exteriorización por ese medio y en la extensión dada a ese término, no puede ser objeto de censura previa a su publicación, puesto que como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia “para resguardo de la propia libertad de prensa, y aun corriendo el peligro de su posible abuso, la Constitución ha proscripto el recurso a la censura previa (Fallos 270:289) Por tanto y si bien el derecho a la libre difusión de ideas es relativo al igual que el resto de los derechos (arts. 14 y 28 C.N), la garantía que lo protege en cuanto impide la previa censura reviste carácter absoluto, en el sentido que los tribunales no pueden intervenir prohibitivamente en forma anticipada. Pero admitido ello, presenta no obstante una característica que sí es absoluta cual es la prohibición total de la censura previa lo cual no impide que si mediante la prensa se llega a cometer un ilícito una vez publicada la información, su autor pueda ser sometido a las leyes, procedimientos y penalidades previstas para tales supuestos. Por ello y si bien el legislador debe intervenir para prevenir y reprimir todo atentado a los derechos y libertades de los demás cometido a través de la prensa, tal intervención sólo puede serlo por vía de represión o reparación una vez efectuada la publicación, pero no por vía preventiva, esto es, mediante censura previa. Pero además de lo señalado, cabe recordar otro precepto de la Ley Fundamental, cual es el art. 32 según el cual “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

II- Siendo así, las imputaciones a distintos periodistas por revelar informaciones que provendrían de los servicios de inteligencia de manera alguna los convierte en cómplices o integrantes de una asociación ilícita por difundir tal información, ya que en todo caso, quienes pudieron haber infringido la legislación en materia de seguridad del Estado habrían sido solo los miembros de dichos servicios quienes en su calidad de empleados de dicho Estado habrían violado tal legislación. Y aquí aparece el tema en debate cual es el del secreto de las fuentes de información. Es obvio que los periodistas para cumplir su tarea informativa deben acudir a diversas fuentes que incluyen funcionarios públicos; políticos; sindicalistas; autoridades policiales y de otras fuerzas de seguridad; miembros de las FF.AA y del Poder Judicial y, por qué no, de los servicios de inteligencia. Y todos ellos al transmitir una información a un periodista, movidos o no por cualquier tipo de interés, son conscientes que la misma será hecha pública. De allí que la responsabilidad del profesional de prensa es chequear dicha información con 2 o 3 fuentes más y en caso de encontrar correspondencia entre todas ellas, su tarea es difundirla dado que a los efectos de su trascendencia o no en la opinión pública, lo que importa es si la noticia es veraz con prescindencia de quien sea la fuente que la haya suministrado.

III- Es en este marco que la reforma constitucional de 1994, incorporó en el art. 43 una forma especial de amparo conocida como hábeas data mediante el cual todo habitante puede acceder a sus datos personales contenidos en registros o bancos de datos públicos así como en los privados destinados a proveer informes, pudiendo -en caso de falsedad o discriminación- exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos. Y el último apartado de la norma se especifica que: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. Y para comprender el alcance de esta garantía es útil recurrir a los debates de la Convención Constituyente de 1994 (11 y 12 de agosto) cuando para fundarla el convencional Hernández sostenía que “el secreto de las fuentes de información periodística integra el concepto de libertad de prensa. ¿En qué consiste el secreto de las fuentes de información periodística, o sea el secreto profesional periodístico? En este sentido Fidel Isaac Lazzo destaca que el Consejo de Europa, en 1973, estableció que ‘el secreto profesional consiste en el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información a su empleador, a los terceros y a las autoridades públicas o judiciales. Pero, también es el deber que tiene el periodista de no revelar públicamente las fuentes de la información recibida en forma confidencial’. Y Roland Dumas ha dicho que la nobleza del oficio quiere que el periodista preserve el anonimato de su informante, en otros términos, de su fuente de información”

IV- No menos trascendente ha sido la reforma citada de 1994 que en el art. 75 inc. 22 ha dispuesto que los tratados de derechos humanos que la misma norma incorpora, “tienen jerarquía constitucional” y e igualmente “jerarquía superior a las leyes” (art.31 C.N). En este sentido el Pacto de San José de Costa Rica en su art.13.1. dispone que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su art. 19 que todo individuo goza del derecho a recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Igualmente cabe señalar que en la Declaración conjunta sobre Wikileaks, los Relatores especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Frank La Rue y Catalina Botero Marino, con fecha 21 de diciembre de 2010, sentaron los siguientes precedentes internacionales.

1° El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos.

2° En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta.

3° Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla.

V- En conclusión: la normativa constitucional vigente protege al periodista que tenga acceso y difunda información reservada por considerarla de interés público, para que no se vea compelido a revelar el secreto de sus fuentes y por ende el mismo no puede ser sometido a sanciones por no revelar dicho secreto, amparo que conforme a las normas procesales en la materia, puede quedar sin efecto cuando la obtención de dicha información por parte del periodista haya sido el fruto de un acto ilícito.

En la Convención bonaerense de 1860 decía Vélez Sarsfield en una alocución que hoy mantiene su plena vigencia y que cabe no olvidar:

“Preguntad a todos los opresores de los pueblos, ¿cuál es el primer medio que emplean para dominarlos a su arbitrio? Quitar la libertad de imprenta o ponerle pesadas restricciones. Resumiendo, señores, estas diversas ideas, podréis echar la vista sobre las sociedades de todo el mundo y no hallaréis un pueblo que vaya en progreso y en que estén asegurados los derechos de los hombres y restringida al mismo tiempo la libertad de imprenta. Ni hallaréis un pueblo que goce de absoluta libertad de imprenta y en el que su riqueza y sus adelantamientos morales retrograden y en que sus habitantes no se juzguen garantidos en sus decisiones individuales”.

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