Dom10252020

ActualizadoDom, 25 Oct 2020 1am

"Ricardo Pera está mal destituído", dijo un abogado constitucionalista

"La suspensión preventiva dispuesta por el Concejo a raíz de la calificación de su conducta en los términos del art. 249, no podrá mantenerse más allá de los 90 días posteriores a la fecha de la notificación de la misma al imputado, debiendo el cuerpo dentro de ese plazo dictar resolución definitiva disponiendo la destitución. Si no lo hiciere el concejal recuperará de pleno derecho el ejercicio de su función (art. 253)", dijo el profesional a CAFEXMEDIO.

 

Esa fue la expresión del abogado constitucionalista bahiense, Carlos Baeza quien justificó su expresión en el siguiente artículo:

LA DESTITUCIÓN DE LOS CONCEJALES

La medida adoptada recientemente por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca disponiendo la destitución de uno de sus miembros constituye un hecho que, por su gravedad institucional, amerita un análisis desde el punto de vista legal.

Como es de dominio público la causa que llevara a esta drástica determinación fue la imputación al edil de haber agredido física y verbalmente a otros concejales e inclusive a un particular al cabo de una sesión.

Sin embargo, entendemos que si bien los hechos imputados habrían quedado acreditados y que de los mismos surgiría una actitud que justificaba la sanción impuesta, el procedimiento seguido por el Concejo Deliberante para aplicarla no resultó ajustado al previsto en la Ley Orgánica Municipal.

Así como sucede en el caso del Intendente, dicha ley contempla dos supuestos:

1° En primer lugar, la comisión por parte de un edil de un delito doloso, en cuyo caso, procederá su destitución de pleno derecho, una vez que en la causa penal instruida por ese ilícito, recayere sentencia condenatoria firme. E igualmente procederá su suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose detenido se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme; en tanto que el sobreseimiento provisorio definitivo o la absolución en dicha causa penal restituirán automáticamente al Concejal al pleno ejercicio del cargo, destacándose que no procederá la destitución ni la suspensión preventiva cuando se tratare de un delito de acción privada (art. 255 LOM). Por tanto, ésta no es la hipótesis por la cual el edil fuera destituido.

2° Igualmente, la ley contempla el caso en que un concejal incurra en alguno de los supuestos comprendidos en el artículo 249 y que son: transgresiones diferentes a las que origina la comisión de un delito doloso; negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercicio de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio; y finalmente incapacidad física o mental sobreviniente (art. 249 LOM). Teniendo en cuenta los hechos imputados al edil en cuestión, es indudable que el caso quedó comprendido en el primer supuesto recién señalado, esto es, transgresiones diferentes a las que origina la comisión de un delito doloso, razón por la cual y de acuerdo al art. 255 “se procederá en idéntica forma y procedimiento establecidos para el Intendente”, es decir, que deberá estarse a lo previsto en los arts. 249 a 253 (LOM).

En consecuencia correspondía que el Concejo Deliberante designara una Comisión Investigadora integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros, la que debería constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y con representación de todos los bloques reconocidos y cuya función sería reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos imputados, contando para ello con un plazo de 30 días, pudiendo el edil imputado dentro de los 10 días efectuar sus descargos y aportar pruebas.

Cumplido ello, correspondía que la Comisión elevara dentro de los 15 días un informe para que en una sesión especial se calificara la gravedad de los hechos, debiendo para poder disponerse la suspensión preventiva, calificarse por decisión debidamente fundada, la conducta juzgada conforme a lo dispuesto en los ya citados incisos 1), 2) y 3), mediante el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo, lo cual sería el paso previo para aplicar alguna de las siguientes sanciones: a) amonestación; b) multa o c) destitución con causa (art. 254)

Ahora bien: el Concejo Deliberante en la sesión convocada al efecto, en lugar de proceder a la suspensión preventiva del edil imputado, decidió su destitución, siendo que el art. 250 claramente estipula que “cumplidos los requisitos del artículo anterior”, esto es, habiéndose seguido el procedimiento del art. 249 y decretado la suspensión preventiva, el paso siguiente, para poder recién proceder a la destitución del concejal, era fijar una sesión especial con 8 días de anticipación, citando al mismo con copia de las actuaciones cumplidas hasta ese momento y permitiendo que en dicha sesión pueda ejercer su defensa mediante letrados.

Finalmente, el Concejo Deliberante podría resolver la destitución del concejal por decisión debidamente fundada mediante las dos terceras partes de votos del total de los miembros del Concejo (art. 249 según ley 11.084).

La misma normativa dispone que la suspensión preventiva dispuesta por el Concejo a raíz de la calificación de su conducta en los términos del art. 249, no podrá mantenerse más allá de los 90 días posteriores a la fecha de la notificación de la misma al imputado, debiendo el cuerpo dentro de ese plazo dictar resolución definitiva disponiendo la destitución. Si no lo hiciere el concejal recuperará de pleno derecho el ejercicio de su función (art. 253).

De tal manera es que consideramos que si bien el Concejo Deliberante comenzó el proceso determinado por la LOM conforme a las pautas señaladas, debió haber dispuesto, en primer lugar, la suspensión preventiva y recién cuando ésta quedara firme, proceder a la destitución, la cual es el tramo final de un proceso complejo que se inicia con la suspensión preventiva tendiente a lograr ese último objetivo, tal como lo determina el art. 250 al supeditar la posibilidad de la destitución al hecho que estén “cumplidos los requisitos del artículo anterior”, es decir, que haya sido previamente suspendido provisoriamente y que esa medida haya quedado firme.

Distinto es el caso en el cual un edil fuere imputado de la comisión de un delito doloso, pues como se señalara, habiendo recaído sentencia condenatoria firme, no es menester la suspensión preventiva sino que cabe la inmediata destitución de pleno derecho; mientras que la suspensión preventiva sí es procedente cuando hallándose detenido el concejal, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme.

Pero tal como se explicara precedentemente, en el supuesto de tratarse de una transgresión distinta -como la imputada en este caso- no procede la destitución de pleno derecho sin que exista previamente la suspensión preventiva.

Siendo que la defensa del edil desplazado rechazó la sanción el caso fue elevado a la Suprema Corte de Justicia provincial para su resolución definitiva. Ello toda vez que el art. 196 de la Constitución provincial dispone que los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo o en el seno de este último, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia provincial en instancia única y originaria.

Siendo así, contra la decisión del Concejo Deliberante disponiendo la destitución de un concejal, corresponde dentro de los 5 días de notificada la misma al afectado elevar las actuaciones a dicho Alto Tribunal el cual, acumuladas las pruebas y oído a las partes, resolverá dentro de los 30 días, siendo los integrantes del mismo personalmente responsables cuando excedan dicho plazo.

No obstante ello, y si la Suprema Corte de Justicia así lo resolviera por resolución fundada, la causa podrá ser sustanciada en cuyo caso se le imprimirá el trámite del procedimiento sumarísimo, debiendo expedirse en el plazo de 60 días, transcurrido el cual sin haberse dictado sentencia, la resolución del Concejo Deliberante quedará firme y los miembros de la Corte serán igualmente personalmente responsables por el atraso o la omisión.

Es importante destacar que la promoción del conflicto por ante la Suprema Corte de Justicia provincial suspende la ejecución de la destitución del concejal la que no producirá efectos hasta que dicho órgano jurisdiccional resuelva el caso e igualmente si el imputado no plantea el mismo dentro del citado plazo de 5 días (arts. 261, 262, 263 bis y 264 LOM).

Ello significa que la decisión del Concejo Deliberante no está firme ni produce efecto alguno y en su consecuencia, la destitución se tiene como no producida y el edil puede continuar en el desempeño del cargo hasta el pronunciamiento de aquél Tribunal.

Hasta aquí el marco legal de la cuestión.

Que éste y no otro es el mecanismo exigido por la LOM lo avala la situación habida pocos años atrás en nuestra ciudad y que culminara con el desplazamiento del entonces intendente Rodolfo López. En esa ocasión se imputó al nombrado la misma causal que en el presente caso, esto es, transgresiones diferentes a la comisión de un delito doloso, por lo cual y luego de sustanciada la etapa previa, el Concejo Deliberante procedió a suspender provisoriamente al jefe comunal para, a posteriori, disponer su destitución, tal como comentamos que así lo exige la normativa vigente y que ahora no se respetó.
Cabe puntualizar, sin embargo, que en el caso López igualmente el legislativo municipal incumplió la LOM toda vez que habiendo el mismo cuestionado la suspensión y deducido el conflicto de intereses ante la Suprema Corte de Justicia provincial, no podía el Concejo Deliberante producir la destitución, hasta tanto ese Tribunal no resolviera el planteo ya que si el mismo era acogido y se resolvía que la suspensión preventiva no era procedente, la destitución se debía tener por no acaecida.

De allí -una vez más- que como lo requiere el art. 250 de la LOM para posibilitar la destitución del intendente o de un concejal deben estar “cumplidos los requisitos del artículo anterior”, es decir, que haya sido previamente suspendido provisoriamente y que esa medida haya quedado firme.

Distinta es la valoración del caso a la luz de las expresiones habidas en apoyo del concejal imputado, pues más allá de lo señalado en cuanto a lo que entendemos un procedimiento reñido con la ley, los hechos imputados -que hasta la propia defensa admitiera si bien pretendiendo un encuadre distinto- quedaron acreditados y revelan un hecho de gravedad institucional que de manera alguna puede justificar que se pretenda avalar la mentada conducta invocando razones de solidaridad gremial o partidaria.

Es que hasta un concejal, en su apoyo al sancionado, llegó a sostener que la medida tomada por el legislativo municipal no podía tener lugar ya que éste había sido elegido popularmente. Tal manifestación representa un lamentable desconocimiento del sistema republicano anteponiendo al mismo el hecho de una elección que por sí sola, autorizaría a violar el funcionamiento institucional y la vigencia de la Constitución y las leyes.

Si así fuera, no tendrían valor alguno mecanismos como el juicio político o el desafuero, dado que habiendo sido electos popularmente los funcionarios pasibles de tales procedimientos, nunca podrían ser removidos de sus cargos, no obstante lo que establecen la Constitución Nacional y la provincial.

Expresiones como la mentada no hacen sino concluir en que la forma de gobierno que nos rige es la democracia delegativa y que Guillermo O’Donnell caracteriza al decir que “quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existente y por un periodo en funciones limitado constitucionalmente.

El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de su campaña, ¿o acaso el presidente no ha sido autorizado para gobernar como él (o ella) estime conveniente?”.

A fin de mantener esa figura paternal su base política no reposa en los partidos políticos sino en un movimiento, y por ende, otras instituciones como el poder legislativo o el judicial no representan sino estorbos en su gestión, en tanto que la rendición de cuentas acerca de ella no es más que un obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada.

Y así, a través de elecciones legítimas se procura conformar una mayoría que faculte al elegido, durante un periodo determinado, a erigirse en la encarnación y el intérprete de los interesas de la nación toda.

Revistiendo ese carácter individualista, se espera que los votantes, más allá de sus afiliaciones y preferencias, elijan al sujeto más conveniente para dirigir el país, con lo cual “después de la elección, los votantes (quienes delegan) deben convertirse en una audiencia pasiva, pero que vitoree lo que el presidente haga”

Dado que vivimos en un Estado de Derecho la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia provincial y a su decisión habrá que estar. Mientras tanto, expresiones como la señalada, no le hacen bien al sistema republicano ni a la convivencia democrática dentro del legislativo municipal bahiense.

Carlos R. Baeza
Abogado constitucionalista



Comentarios  

 
0 #1 RE: "Pera está mal destituído", dijo un abogado constitucionali staGuest 31-07-2015 20:49
Es evidente que el sistema educativo no alcanza para educar sobre la democracia, sus gobernantes, los tres poderes sus derechos y obligaciones. Un político además es un especialista en los derechos y obligaciones de las instituciones que integran y este artículo indica los errores constitucionale s cometidos por el cuerpo de concejales en dos oportunidades trascendentes. ¿Servirá para aprender un poco más sobre derechos y obligaciones?
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