Sáb12162017

ActualizadoVie, 15 Dic 2017 5pm

"El municipio usufructuó un inmueble de un particular sin abonar el alquiler ni renovar el contrato"

Hernán González Bécares, abogado del dueño del edificio de Moreno 9 donde funciona SAPEM, informó que la comuna adeuda el pago por el alquiler desde diciembre de 2011 y afirmó que están en un proceso judicial civil por desalojo. "La situación es sencilla de resolver: el municipio firma el contrato, abona lo que debe y listo", agregó.

"Es un proceso judicial civil por desalojo. No hay un proceso de ejecución de alquileres. No obstante, la causal del desalojo es el vencimiento del contrato de alquiler. Al haber vencido en diciembre, del año pasado, se adeudan todos los alquileres desde ese periodo. El municipio usufructuó un inmueble de un particular sin abonar el alquiler ni firmar la renovación del contrato", indicó González Bécares, en diálogo con CAFEXMEDIO.

 

Hay que mencionar que Roberto Julián pidió el desalojo del edificio por una deuda que mantiene el Municipio por $144.000 y, hoy, Fabián Lliteras, Secretario de Gobierno, aseguró que no existe la deuda porque no hay contrato por problemas entre los dos propietarios del inmueble.

"Se generó un conflicto que no debería haberse generado. No lo responsabilizo a él. Esto lo empecé a negociar a principio de año con el contador Villalba, luego él se fue y lo negocie con Ezequiel López de Economía y, finalmente, como él también se fue le tiraron la carpeta en el escritorio a Lliteras, él se desayunó de una situación que desconocía", sostuvo.

El abogado local relató que lo cierto es que el municipio había firmado un contrato de alquiler con el dueño anterior, luego firmó un contrato con Julián que es el otro condominio y ahora había que negociar la prórroga de este contrato.

"El municipio sabía que existían dos condóminos. Por otro lado, para la ley civil el que firma el contrato, el administrador de la propiedad, es el que tiene el derecho de repeler cualquier invasión a la propiedad. "Lo entiendo como una especie de chicana. El municipio le tiene que pagar a la persona con la que firmó el contrato y no hay vuelta que darle", explicó.

El profesional remarcó que este y otros inmuebles están en un proceso judicial de separación del condominio y hay un letigio entre condominios.

"El tema está mal conceptuado. No estábamos negociando un nuevo contrato estábamos extendiendo el contrato actual. Estaba firmado por mi cliente. En ningún momento se pide que se firme un nuevo convenio con los dos contratos, pidieron que se extienda el actual contrato. La versión de la municipalidad es muy distinta de la realidad. Desconozco si, la municipalidad, no abona por falta de recursos o por una cuestión interna administrativa", dijo.

Además, remarcó que negociaron el nuevo contrato durante 6 meses y accediendo a todo porque el inmueble tiene las características necesarias para el municipio. "Funciona allí la SAPEM, una empresa que lucra con una línea de colectivos. Hay que pagar entonces. No queda otra vuelta", enfatizó.

"No teníamos otra alternativa que la via legal. Nosotros enviamos el contrato firmado y nos dijeron contrato nuevo no, queremos una extensión del contrato vigente. Corregimos, lo mandamos, pasaron 30 días, ni se pagaba ni nos entregaban el contrato firmado. Envié la carta a documento y no me la respondieron. Pónganse en el lugar de un particular que entrega su inmueble a otra persona, ¿quién aguanta 6 meses sin cobrar el alquiler?", ironizó.

Según el abogado, el alquiler de la propiedad ronda los $35.000 mensuales y se está pagando $24.000 mensuales.

"Desde el municipio y me lo confirmó el abogado de la SAPEM, están evaluando la situación y pensando consignar judicialmente la suma que adeudan y que el juez decida si corresponde el pago. Con esto no solucionan nada porque no tienen contrato. Si ellos consignan, pediremos el desalojo anticipado y tendrán que buscar otro espacio. Mi cliente les dio la oportunidad para firmar los contratos, quiere continuar con la locación, acepta el pago", expresó.

Hay que mencionar que la causa fue presentada en receptoría de expedientes, fue recusada en el Juzgado Número 2 que no tiene juez y están esperando el despacho donde acepten la radicación.

"Me parece que este problema se desactiva de una manera muy sencilla. El municipio firma el contrato, abona lo que debe y se terminó. Después nos arreglaremos entre los condóminos, que es una cuestión privada legal entre particulares pero el municipio no va a sufrir ningún perjuicio pagándole a quien firmó el contrato", finalizó.

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