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ActualizadoMar, 24 Nov 2020 12pm

“Anti-bullying”: Media sanción para otra ley de Marcelo Feliú

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó por unanimidad en su última sesión, el denominado“Proyecto para la Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social”.  Está destinado a ser aplicado en instituciones educativas tanto de gestión pública como privada.

 

La provincia de Buenos Aires quedó a un pasó de contar con la ley “anti-bullying” reclamada desde diversos sectores vinculados a la formación de niños y jóvenes, al votar la Cámara de Diputados por unanimidad la media sanción de un amplio proyecto al respecto.

Esta iniciativa fue promovida por el legislador bahiense Marcelo Feliú, también autor de otras normas de profundo contenido social, como la gratuidad de los tratamientos de fertilidad asistida, la agilización de trámites de adopción, la protección de la vivienda única y la denominada “muerte digna”.

La propuesta, denominada de “Promoción de la convivencia y abordaje de la Conflictividad Social en las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires”, asegura que todas las escuelas cuenten con “acuerdos de convivencia”, elaborados en procesos comunitarios participativos y a partir de la promoción de la reflexión sobre el sentido de los límites y la aplicación de sanciones.

“El respeto y la aceptación de las diferencias no se pueden imponer mediante ninguna ley, sino que parten desde una convicción moral que debe estar presente en la formación de una persona. Esta propuestaprocura brindar una herramienta concreta para garantizarlos, junto con el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de información y comunicación, tal el caso de las redes sociales”, explicó el legislador, poco después de la votación  y tras agradecer el acompañamiento y los aportes de sus pares para la aprobación.

Ahora, será el senado provincial el que deberá analizar la norma para darle la sanción definitiva que permita una pronta entrada en vigencia, algo que Feliú estimó como “muy probable, tratándose de lo que se trata”.

Entre otros elementos, para alcanzar sus objetivos, la norma compromete a los adultos—tanto padres como docentes—en el abordaje de la conflictividad, crea el marco para brindar asistencia mediante una línea telefónica gratuita y una página web y promueve la realización de campañas publicitarias preventivas.

“Se pueden hacer todos los avisos del mundo, pero si un niño no es formado en la aceptación de la diversidad y la diferencia, no sirven para nada. Uno no puede legislar lo que sucede dentro de un hogar, si en cambio, la idea con esta ley es que todas las escuelas puedan avanzar en contar con un Acuerdo de Convivencia construido en relación con el Proyecto Educativo Institucional y debidamente aprobado por una autoridad de aplicación competente”, agregó Feliú.

Según dijo, su iniciativa pretende “prevenir lo que se conoce como bullyingy figura entre las primeras preocupaciones de estudiantes, docentes y familiares de alumnos, pero para el caso que suceda una situación encuadrada en esta problemática, aplicar sanciones de carácter educativo, con sentido crítico y reflexivo”.


Desde el jardín de infantes, al secundario

Feliú consideró que, si bien la existencia de esta problemática no es nueva, sí se ha profundizado últimamente a partir de la irrupción de nuevas formas de comunicación e interacción como son las redes sociales.

“Por eso el abordaje de situaciones de intolerancia y agresión puede y debe prevenirse desde el mismo ingreso de un niño al sistema educativo. Este proyecto es integral y aborda el tema desde el jardín de infantes al nivel secundario, donde se deberá conformar un Consejo de Convivencia integrado por representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa”, agregó.

Para ello, la Dirección General de Cultura y Educación diseñará una “Guía Orientadora” para establecer criterios normativos y distribución de responsabilidades, pero cada institución deberá promover sus propias estrategias para abordar conflictos.

Según el legislador, su proyecto es el fruto de un amplio y profundo trabajo interdisciplinario en el que intervinieron especialistas en pedagogía de distintos puntos de la provincia.

“En su elaboración hemos podido comprobar que más allá de que en un territorio tan amplio como el bonaerense hay realidades muy diversas, a la hora de orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación y el maltrato físico y psicológico, hay muchos denominadores comunes en base a los cuales avanzar”, informó.

Finalmente, consideró que lo deseable es que este tipo de situaciones no se produzcan y se esperanzó en que una legislación en la materia resulte un aporte para que, con el correr del tiempo, la mayor cantidad posible de conflictos de prevengan.

“Pero para el caso que lamentablemente sucedan, como vemos día a día, sea la propia comunidad educativa la que cuente con un sustento jurídico para abordarlo de la mejor manera y, por caso, establecer sanciones ejemplificadoras que generen conciencia y pongan límites claros y educativos. La idea es que de cada caso, todos los actores involucrados,  aprendan lo suficiente como para evitar que no se repita y a eso apunta este proyecto”, concluyó.

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