Mar04132021

ActualizadoMar, 13 Abr 2021 4pm

"El 90% de los geriátricos de Bahía Blanca no están habilitados"

La concejal radical, Aloma Sartor, pidió adherir a la Ley Provincial 14.263 que regula el funcionamiento de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada, con o sin fines de lucro en todo el territorio bonaerense. "Es necesario regularizar la caótica situación imperante en la materia".

 

En el mismo sentido, requerir que evalúe la implementación, en el ámbito del municipio de Bahía Blanca, de un Área de Establecimientos Geriátricos, tal lo establecido en el artículo 11 del decreto reglamentario de la Ley 14263 con el objeto de nuclear las actividades administrativas y de fiscalización de los establecimientos de su jurisdicción, actuando como ventanilla de recepción de los trámites y pedidos de nuevas habilitaciones.

Solicitar se conforme una Comisión integrada por representantes del Ministerio de Salud, Región Sanitaria I, de la Secretaría de Salud municipal y del Departamento Habilitaciones del municipio, de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante y de la Cámara de Hogares de Adultos Mayores que representa a los establecimientos geriátricos registrados; cuyo objetivo sea definir estándares y niveles de exigencia en la aplicación de la norma, de manera que permita su paulatina implementación.

Es necesario regularizar la caótica situación imperante en la materia, caracterizada por la enorme cantidad de establecimientos que funcionan sin ningún tipo de habilitación ni control, en forma clandestina y sin cumplimentar en algunos casos mínimas exigencias de funcionamiento.

Bahía Blanca no es ajena a esta realidad, ya que se considera que funcionan legalmente habilitados, menos del 10% del total de establecimientos que alojan adultos mayores, lo que trae aparejado que de hecho se tolere el funcionamiento de cientos de geriátricos que de aplicarse en la legislación vigente, debieran cerrar sus puertas o directamente ser clausurados.

La situación socioeconómica de los adultos mayores alojados o de las familias de pertenencia, torna imposible en muchos casos abonar valores que permitan financiar una reconversión como la que legítimamente exige la ley.


 

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