Sáb11282020

ActualizadoVie, 27 Nov 2020 10pm

Un fallo de la Corte y un intento de veda de tres años, claves en el actual conflicto pesquero

En 2012, la Corte Suprema de Justicia bonaerense frenó el asiento de buques de gran porte en Bahía Blanca y Coronel Rosales sin la realización previa de un Estudio de Impacto Ambiental. En el mismo año, el Senado aprobó una veda durante 3 años que nunca se trató en la Cámara de Diputados y que perdió estado parlamentario.

 

La decisión provincial de avalar el trabajo de embarcaciones marplatenses en el sur, en contra de los intereses de pescadores artesanales, y envuelta ahora en polémica, se vincula a un fallo de la Corte de Justicia de 2012 que ordenó un estudio de impacto ambiental en la región antes de tomar cualquier medida que pudiera poner en riesgo el recurso ictícola.
 
La falta de ese estudio representa un antecedente a favor de la lucha que llevan adelante ahora los pescadores artesanales, que rechazan el permiso otorgado a los buques de gran porte para instalarse en Ingeniero White, localidad de Bahía Blanca, desde donde pueden abarcar toda la zona productiva de El Rincón, que abarca desde Tres Arroyos a Carmen de Patagones.
 
Como ahora, la Cámara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuencó protestó en ese entonces contra las resoluciones del Ministerio de Asuntos Agrarios 95/10 y 208/10 que propiciaba la reconversión de flota para las embarcaciones con asiento en los puertos de Ingeniero White y Coronel Rosales.
 
En ese conflicto similar al actual, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó en octubre de 2012 frenar la reconversión de los barcos pesqueros y logró evitar así que tuvieran asiento en el puerto bahiense buques con artes industriales, capaces de practicar la pesca de arrastre en El Rincón, además de destacar la importancia de un Estudio de Impacto Ambiental en tal caso.
 
En el fallo, el juez Eduardo de Lázzari –en votación compartida con el entonces presidente del tribunal, Héctor Negri, Hilda Kogan y Esteban Genoud– cuestionó que el Ministerio de Asuntos Agrarios no dispusiera de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a la ley provincial 11.723 de Protección del Ambiente y Recursos Naturales.
 
“En mi opinión, la actividad cuestionada, consistente en la autorización de reconversión de la flota pesquera artesanal de la Ría de Bahía Blanca permitiendo y promoviendo un aumento en el tamaño, capacidad de almacenamiento y potencia de las embarcaciones, así como habilitando que trasladen su actividad de extracción a la vecina zona marítima de El Rincón, encuadran en la previsión legal que el recurso denuncia inaplicada. De ello se desprende que la demandada no ha ajustado su conducta a los recaudos exigidos por dicha normativa en consonancia con lo que dispone el Artículo 12 de la Ley Nº 11.723, en lo tocante a la exigencia de contar con la Declaración de Impacto Ambiental con carácter previo a la autorización de los actos cuestionados”, apuntó.
 
En ese momento, el conflicto llegó a la Corte Suprema luego de dos fallos en contra de los pesqueros artesanales, primero del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, y luego de Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo. En ambas instancias, se consideró que los demandantes no demostraron que la reconversión de buques pusiera “en peligro la existencia del recurso natural”, ni que implicara un desplazamiento a la pesca artesanal, como así también una mayor actividad pesquera en la zona.
 
Sin embargo, los pescadores apelaron y destacaron que la reconversión de las embarcaciones de la categoría "artesanales" a "costero cercano" “implica un aumento del tamaño y potencia de las naves pesqueras”, y que el ingreso de al menos un nuevo buque en la zona “generará un aumento de la captura de peces”.
 
En su veredicto, De Lázzari dejó de lado este contrapunto, se centró en el argumento esgrimido por los pescadores sobre la falta de un estudio de impacto ambiental y falló a su favor en razón de que se infringieron las normas que indicaban la realización de un informe previo por parte del ministerio que, al momento de proceder, estaba conducido por Ariel Franetovich.
 
“La necesidad de cumplir con el requisito legal de evaluación del impacto ambiental impuesto por la normativa aplicable (Arts. 1º, 5º, 6º, 10, 11, 12, 20 y 23 de la Ley Nº 11.723), no puede ser interpretada restrictivamente, por encontrarse tal lectura del ordenamiento jurídico en contradicción con el principio precautorio que rige en materia ambiental”, consignó, algo que también vinculó al artículo 28 de la Constitución Provincial y el 41 de la Nacional.
 
En ese sentido, el juez de la Corte remarcó que la exigencia de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental está dada por el artículo 10 de la ley provincial de Protección de los Recursos Naturales que, textualmente, dice que todos los proyectos de obras o actividades que “produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente” (…) deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal”.
 
En función de esto, la Corte revocó la reconversión de la flota de pescadores artesanales de la zona de la Ría de Bahía Blanca y ordenó al Ministerio de Asuntos Agrarios que, “con carácter previo a la adopción de cualquier medida vinculada a tal proyecto, lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental que culmine en la Declaración de Impacto Ambiental”.
 
Sobre esa base, los pescadores artesanales exigen, con cortes parciales de la ruta nacional N°3, que se dé marcha atrás en la autorización a buques de gran porte para operar desde Bahía Blanca y piden la renuncia del director de Pesca, Mariano González, al que identifican como funcional a los intereses pesqueros de Mar del Plata.
 
La lucha no es aislada y cuenta con el apoyo de la mayoría de los jefes comunales de la región. De hecho, a excepción de Bahía Blanca, los intendentes de los seis distritos que abarca la zona El Rincón le pidieron, hasta ahora sin éxito, al propio Ministro de Asuntos Agrarios dejar sin efecto la medida.
 
 
 
El fracaso de un intento de veda
 
 
 
El fallo de la Corte Suprema no es el único antecedente sobre la situación de El Rincón. El Senado bonaerense aprobó el 30 de agosto de 2012 un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al ecosistema costero de la zona y prohíbe pescar en esta zona durante tres años, a excepción de las embarcaciones de la pesca deportiva y artesanal.
 
La iniciativa –que quedó estancada en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario en marzo de este año– consignaba, entre sus fundamentos, que la zona de el Rincón, está al borde del desastre ambiental, según distintos informes elaborados en 2009 por el Instituto Nacional De Investigación Y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a raíz “de la devastación que ha sufrido, y sigue sufriendo fruto de la excesiva explotación de los recursos costeros”.
 
El proyecto señalaba que ha pesar de haberse dispuesto épocas de veda en el Rincón “se ha continuado con una excesiva presión sobre los recursos pesqueros” y citaba, en particular, como fundamento el informe “Analisis de la actividad de la flota en área de “El Rincón” dirigida al variado costero durante el periodo 2000-2008 y situación de los principales recursos pesqueros” del INDEP.
 
Asimismo, indicaba que la campaña de evaluación de monitoreo de la zona en 2008 mostraba “una disminución de la abundancia de algunas de las especies (pez palo, lenguados, besugo, mero, gatuzo) respecto de la última campaña realizada en el año 2005”.
 
La iniciativa –­presentada por el senador y ex intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara–  se aprobó sin modificaciones y por unanimidad en las Comisiones de Asuntos Agrarios y Pesca, y en la de Legislación General antes de tener un respaldo en el recinto. Sin embargo, no pasó por el visto bueno de la Cámara de Diputados que giró el proyecto a archivo el 14 de marzo de este año “por caducidad”.
 
Reinstalada la polémica, la Cámara de Pesqueros ya anunció que trabaja con abogados para la presentación de un nuevo amparo y, el ministerio cuestionado se comprometió a interceder para llegar a “una solución”. Hechadas las cartas sobre la mesa, la Cámara de Diputados bonaerense pidió ahora retrotraer la reciente autorización otorgada a las embarcaciones de Mar del Plata. (Infocielo)

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar