Dom09272020

ActualizadoDom, 27 Sep 2020 1pm

El allanamiento al diario La Nueva Provincia se prolongó durante 10 horas

La diligencia llevada a cabo por los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani, comenzó esta mañana, pasadas las 8 y se extendió hasta cerca de las 18, en el edificio de Rodriguez 55. Se secuestraron "legajos de personal, libros de actas y contabilidad; la colección del diario entre los años 1974 y 1983, fotos y otros materiales de archivo". 

En el allanamiento, los fiscales estuvieron acompañados por directivos del diario y dos testigos ocasionales que transitaban por la calle.

Entre los elementos secuestraron hay diarios encuadernados, desde 1974 y 1983, notas de esa fecha que estaban archivadas, fotos y libros contables de la empresa.

Recordemos que el procedimiento fue en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra ciudad durante la última dictadura, en la que se investiga la posible particopación del director del diario, Vicente Massot, en los asesinatos de los empleados Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

 

DESCARGO DE LA NUEVA PROVINCIA

Detalles y contradicciones de un procedimiento contra "La Nueva."

Los fiscales ad hoc José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani encabezaron hoy, poco después de las 8 de la mañana, un procedimiento en el edificio de este diario durante el cual requirieron, en el marco de un allanamiento dispuesto por el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez subrogante Álvaro Coleffi, legajos de personal, libros de actas y contabilidad de la empresa; la colección del diario entre los años 1974 y 1983, además de fotos y otros materiales de archivo.     

Desde fines del 2010, la fiscalía, siguiendo instrucciones del gobierno nacional, intentó el allanamiento del edificio de La Nueva Provincia. En aquel momento el entonces fiscal ad hoc Abel Córdoba lo solicitó ante el juez Eduardo Tentoni, quien lo rechazó en fallo confirmado por la Cámara Federal de Bahía Blanca.     

En mayo de 2013, en correspondencia con una imputación hecha por los sucesores de Abel Córdoba a Vicente Massot, director de este diario, en una causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, los fiscales ad hoc, José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, solicitaron nuevamente el allanamiento, además de la indagatoria, detención y prohibición de salir del país de Vicente Massot. El juez interviniente, basado en la “orfandad probatoria” de la acusación, rechazó los pedidos entendiendo que no quedaba “… mínimamente acreditada la (…) relación causal entre las mentadas publicaciones y el genocidio perpetrado. Asimismo, no hay evidencia hasta el momento de haber existido un efectivo aporte al plan criminal diseñado por la dictadura militar.”. Por lo demás, y a pesar de haber dispuesto el juez el allanamiento, los fiscales nunca lo realizaron.     

Más allá de las decisiones judiciales, la Dirección de La Nueva. tanto en el momento del pedido del entonces fiscal ad hoc Abel Córdoba como al inicio del proceso en curso, sostuvo que “Si la intención política es detener a Vicente Massot (…), el gobierno nacional cree contar con toda suerte de artimañas para lograrlo y con un ejército de militantes en el ámbito de la Justicia que obedecerán puntillosamente las directivas que les impartan. (…) Pero entonces será eso: una persecución ideológica que se empecinará en convertir en delito la expresión de una posición propia, distinta y opuesta a los intereses de quienes no sólo se creen dueños de la verdad, sino del país y de las vidas y suertes de todos sus ciudadanos. La Nueva Provincia ha mantenido una línea editorial perfectamente identificable, como lo han hecho otros medios de líneas distintas de la suya. Y no puede imputársele otra cosa que no sea esa consecuencia que siempre se ha manifestado abiertamente.”.     

A días de la presentación de Vicente Massot ante el juez de la causa a fin de cumplir con la indagatoria fijada a para el próximo 24 de abril, la Dirección de esta casa mantendrá su línea de no confrontar con los fiscales ad hoc en el terreno mediático que éstos han utilizado desde el inicio.     

Dicha intención mediática, que ya denunciáramos en nuestro editorial del 13 de junio de 2011, quedó demostrada hoy, una vez más, a poco de verificar que el mayor volumen de documentos requeridos por los fiscales ad hoc en el procedimiento de hoy -los tomos de las colecciones encuadernadas de La Nueva Provincia y los materiales de archivo- son de público acceso en La Nueva. y desde siempre, cualquier interesado puede acceder a los mismos con solo solicitarlo. A tal punto es esto cierto que son visitados y consultados continuamente por estudiantes, investigadores o simples particulares. En cuanto a la obtención de los libros contables y societarios, bastaba con que los fiscales ad hoc ejercieran su facultad de emplazar a la dirección de La Nueva. para que aportara, en plazo perentorio de horas, dichos materiales. Como en anteriores oportunidades, hubieren sido satisfechos en tiempo y forma.     

Sin embargo, hay un hecho todavía más preocupante, el juez en su orden de allanamiento estableció que “En ningún caso la diligencia autorizada podrá entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico, ni mucho menos afectar la libertad de prensa, ni la absoluta reserva de la “fuente periodística”, garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994, y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera “libertad institucional.”. A pesar de ello los fiscales ad hoc, acompañados por personal de la Gendarmería Nacional, han dispuesto el secuestro de cientos de sobres conteniendo cada uno decenas de fotos y recortes periodísticos del archivo de La Nueva. que podrían haber sido, una vez más, pedidos o en su caso copiados, en tanto y en cuanto hacen al funcionamiento diario de los medios periodísticos de la empresa.     

Los fiscales ad hoc Nebbia y Palazzani que han declarado públicamente su condición de militantes por encima del deber de objetividad que les impone el cargo que detentan, están incluidos en la denuncia del Consejero del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Mario Jorge Cimadevilla, contra la Procuradora General, Dra. Gils Carbó, que señala “que la designación de fiscales ad hoc, configura la creación de una estructura ilegal paralela al Ministerio Publico Fiscal, que permite a la Procuración General de la Nación, mediante la actuación de un grupo de “incondicionales”, la concreción de objetivos -por obscuros- inconfesables, que nada tienen que ver con la función de velar por la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.

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