Sáb11182017

ActualizadoVie, 17 Nov 2017 6pm

Coprotur: "La decisión de archivar la causa no debe sorprender porque no hay ningún indicio de comisión de delito"

Esas fueron las palabras del Fiscal Rubén Álvarez, quien aclaró que, "de los 10 ítems investigados, 6 fueron desestimados porque no eran delitos y los restantes fueron archivados porque hasta el momento no había indicio de la comisión de delito". "No hubo delito pero sí irregularidades que deben ser encuadradas en una figura de defraudación para cometer un delito de malversación de caudales públicos", explicó.

 

"No estoy de acuerdo con que haya sido sorpresiva la toma de la decisión porque hay 21 meses de trabajo y con la sola compulsa de las actuaciones se podía saber si se estaba arribando a la determinación de un delito o no. Las argumentaciones que forman parte de la resolución estan basadas en la prueba incorporada, tiene más de 1000 fojas y con solo tomar vista se podia saber si se estaba llegando a la imputación de un delito", indicó Álvarez a CAFEXMEDIO.

El Fiscal afirmó que "de los 10 ítems a investigar se decidió que 6 no constituían delito y 4 se archivaron porque hasta el momento no había indicio de la comisión de delito, lo que significa que a futuro se podría llegar a reabrir con cualquier elemento de juicio".

"Los 6 que determinamos que no había delito no se decidió hoy sino que está producido hace varios meses. Lo de los hechos desestimados se investigaron y no había nada. No sorprende porque no había ningún indicio de la comisión de delito", añadió.

"No hay delito pero sí irregularidades que deben ser encuadradas en una figura de defraudación para cometer un delito de malversación de caudales públicos. No es que una singularidad o un pago de un precio constituyen una figura penal", expresó.

Álvarez dijo que "nosotros buscamos en la documentación de los proveedores la registración contable porque cuando se paga un soborno, el proveedor no va a pagar impuestos sobre eso y lo contabiliza de otra manera".

"Así es como se investiga, no hemos determinado que hay coincidencias. Si surgía una coincidencia entre lo que se pagó y lo que el proveedor contabiliza, ahí hay motivos para sospechar. Los servicios se rastrearon también por medio de los resúmenes bancarios. Lo que resolví fue con lo que está en el expediente, con lo que investigamos y con lo que aportamos. El tema proveedores está desestimado y archivado, hasta acá no se encontró ningún tipo de defraudación y el pago de un sobreprecio no es una defraudación desde el punto de vista penal", aseguró.

En cuanto a la falta de declaraciones testimoniales en la investigación, el magistrado aclaró que "en la denuncia me imputan de la comisión de delito a una persona y luego me piden que declare bajo juramento como testigo, situación que no existe en el país porque se estaría violando la constitución"

"Luego me piden testimoniales de las personas que participaron de un acta, para determinar si firmo o no. El objeto procesal de una investigación penal no es despejar las dudas del denunciante, es despejar las dudas de si hubo o no un delito. Si tienen dudas, por fuera de la comisión de un delito, las despejaran de otra manera. Se llama a un testigo cuando tiene algo para aportar que vaya a servir para demostrar un delito o para descartar un delito sino no se toman", remarcó.

"El testimonio es un medio de prueba, que es el menos importante en el tema de delitos económicos. Se lo llama para aclarar algo sino se determina que es impertinente. Menos cuando se pide la declaración bajo juramento de los supuestos imputados, eso es una barbaridad", enfatizó.

Para finalizar comentó que, "las veces que vinieron los concejales está determinado en el expediente, se concursaron numerosas veces la IPP, cada vez que me pidieron entrevista fueron recibidos, hablamos, les expliqué el tema de los imputados testigos y de ninguna manera me pidieron una entrevista, ni telefónicamente, ni por escrito, ni personalmente".

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