Jue07202017

ActualizadoJue, 20 Jul 2017 5pm

"El aumento del boleto de transporte, por decreto, es un avasallamiento de la competencia del Concejo"

Esas fueron las palabras de Raúl Woscoff, edil de Integración Ciudadana, quien afirmó que "no le corresponde al Intendente decretar el incremento del pasaje porque no estamos en emergencia de transporte y no hay colapso para las empresas". "El boletazo por decreto es como dar un aumento por decreto cuando las paritarias están funcionando", añadió.

"Ayer, junto con el bloque Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, acompañamos un pedido al Tribunal de Cuentas para que revise la procedencia formal del decreto por el que se estableció el aumento del boleto. Esa competencia es del municipio pero el decreto habla de situaciones excepcionales que no están probadas, no estamos en una emergencia del transporte y las empresas no están al borde del colapso", indicó Woscoff a CAFEXMEDIO.

Hay que decir que, esta mañana, el Bloque de Concejales del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, realizó una presentación ante el organismo de la Provincia de Buenos Aires solicitando que se declare la nulidad del Decreto mediante el cual el Intendente Municipal aumentó la tarifa del colectivo en Bahía Blanca.

"Al debatirse cuestiones del estudio de costos de manera inopinada el decreto aparece resolviendo la cuestión, sin pedir tratamiento en extraordinaria, como se hizo con otros expedientes, para que el tema se declare de emergencia e interés público. Este es un avasallamiento de la competencia del Concejo, que no se va a purgar con una ratificación posterior de un decreto que es nulo", sostuvo.

El concejal de IC opinó que "el boletazo por decreto es como dar un aumento por decreto cuando las paritarias están funcionando".

"Las competencias están para algo y hay que respetarlas. Solo excepcionalmente el Ejecutivo puede hacer uso de esa facultad. Planteamos retomar el camino de la institucionalidad que está afectada y discutir el alcance de estudio de costos, donde hubo muchas consideraciones que se hicieron, algunas respondidas y otras pendientes", expresó.

"Queremos conocer pasajeros transportados, ponderados, el porcentaje real de frecuentes, porque las comparaciones se hacen por periodos calendarios y otras no, la incidencia de los subsidios aportados en el presupuesto, la incidencia de la baja del gasoil para las empresas por subsidio nacional. Estas consideraciones como nuestro planteo de darle pasajero frecuente por el solo hecho del número de la tarjeta y que después personalice porque si no la empresa recibe los beneficios del subsidio y el usuario tiene que hacer trámites para ser frecuente", enumeró.

Woscoff comentó que "no estamos seguros que el costo del boleto sea el que indica el estudio porque ese valor establecido en función de determinados elementos también fue cuestionado y algunos respondidos y otros no".

"Hay muchos temas vinculados a la forma en que se subsidia la demanda y también vinculados a los costos, que estaban siendo debatidos. En ese camino el Ejecutivo, sin justificación y sin razonabilidad, de atribuirse la facultad de otorgar directamente el aumento y modificar las categorías. Esto para nosotros es una facultad que no le corresponde al Intendente el decreto porque la ley orgánica dice que la tarifa de los servicios la fija el Concejo", mencionó.

"El Ejecutivo se va a enterar por la vía de la justicia si tiene andamiento el planteo. Estamos decididos a judicializar el tema porque no hay otra manera de que tengamos respuesta al avasallamiento de la competencia del Concejo en el marco de la división de los dos departamentos. En circunstancias excepcionales puede hacerlo por decreto pero no estamos en emergencia de transporte y no hay colapso para las empresas", remarcó.

"Últimamente están flojos de papeles porque en la licitación de GobiernoAbierto no sé cómo los abogados del oficialismo no advirtieron las barbaridades de ese expediente. Están bajando el nivel de institucionalidad y formalidad en una manera sospechosamente grave. La garantía de oferta en esa licitación viola el pliego, porque quien firma los documentos no se sabe en qué condición y carácter lo hace. Esto alcanzaría a toda la oferta", finalizó.

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