Mié07182018

ActualizadoMié, 18 Jul 2018 10am

Lectura de Domingo: "Aspectos del Derecho al Veto Presidencial" por Carlos Baeza

Macri vetó un proyecto de ley sancionado por las Cámaras. Las críticas no se dejaron de escuchar. Y el constitucionalista bahiense nos recuerda una serie de características que la medida conlleva. En la lectura, el aprendizaje...

 

Tal como fuera oportunamente anticipado en los medios, el presidente Macri haciendo uso de una prerrogativa constitucional, vetó el proyecto de ley sancionado por las Cámaras mediante el cual se retrotraían las tarifas de servicios públicos a fines del año anterior. Y si bien la medida ha levantado una ola de críticas, es preciso recordar las características de este instituto constitucional.

 

1° En primer término debe señalarse que la función legislativa no reposa exclusivamente en el Congreso sino que igualmente el Poder Ejecutivo goza de atribuciones como colegislador, en el marco de separación e interdependencia de poderes. En tal sentido el art. 99 inc. 3° de la C.N. dispone que el Poder Ejecutivo “Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”; en tanto el art. 77 prevé esa participación al expresar que “Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo…” Y esa potestad colegislativa no se agota allí sino que igualmente compete al presidente expedir los decretos reglamentarios de las leyes (art. 99 inc. 2°); como también hacer anualmente la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso así como disponer la prórroga de las mismas y convocar a ese cuerpo a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 8° y 9° C.C.).

2° En consecuencia y una vez sancionado un proyecto de ley por ambas cámaras, el mismo debe pasar al Poder Ejecutivo quien en caso de aprobarlo procede a promulgarlo pudiéndolo hacer a través de dos vías: o bien en forma expresa expidiendo el correspondiente decreto o, caso contrario, de manera tácita, dejando transcurrir el plazo de diez días hábiles sin formular objeciones. Promulgada así la ley, el presidente procede a su publicación en el Boletín Oficial, paso necesario para que la norma pueda producir efectos jurídicos, ya sea desde la fecha que ella misma consigne como de entrada en vigencia o, si nada explicita, después de los ocho días siguientes a su publicación, tal como lo determina el artículo 2° del Código Civil.

3°) Caso contrario, y frente al proyecto sancionado por las Cámaras, el presidente puede rechazarlo lo que se conoce como veto, aunque la Constitución Nacional no utiliza este término en ningún artículo, limitándose a decir “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo” (art.83) Este instituto tomado del modelo estadounidense y también denominado “poder negativo del presidente”, tiende a evitar presiones por parte del Legislativo, si bien no reviste un carácter absoluto pues de lo contrario se desnaturalizaría la función del Congreso. Como explica Bielsa “su virtud consiste verdaderamente en que mediante él, se ejerce contralor que podríamos dividir también aquí, en contralor de oportunidad y contralor de legitimidad, o mutatis mutandi, tratándose de leyes, de un veto que tiene por objeto el examen: a) de la conveniencia general de la ley, y b) de la constitucionalidad de la misma” 4° Precisamente por ello el poder de veto del P.E no es absoluto ya que conforme al art. 83 C.N debe remitir el proyecto observado a la cámara de origen quien si lo confirma con dos tercios de votos lo envía a la cámara revisora; y si ésta logra igual mayoría, el presidente debe promulgarlo. En este supuesto las votaciones de ambas cámaras serán nominales, por sí o por no, y los nombres y fundamentos de los legisladores así como las objeciones del presidente se deben publicar por la prensa. Por el contrario, si alguna de las salas no logra la mayoría requerida, el proyecto quedará vetado y no podrá repetirse en las sesiones ordinarias de ese año.

5°) El mismo art. 83 de la C.N. prevé que un proyecto de ley pueda ser vetado total o parcialmente
pero el texto sancionado en 1853, no contemplaba la posibilidad que el Poder Ejecutivo vetara parte del proyecto y al mismo tiempo promulgara los artículos no objetados. Ello por cuanto la Ley Fundamental no aclara si en caso de veto parcial es menester la devolución al Congreso de todo el proyecto o si por el contrario, la obligación del Ejecutivo alcanza sólo a la parte objetada. Dicho en otros términos: si por ejemplo, un proyecto que contiene 80 artículos, es vetado parcialmente solo en 3 de ellos, los 77 restantes podían o quedaban automáticamente promulgados. La jurisprudencia de la Corte se pronunció con diferentes posturas hasta que finalmente la reforma de 1994 determinó en el art. 80 un principio y una excepción, a saber: los proyectos vetados parcialmente no pueden ser promulgados en la parte restante, a menos que la misma tenga autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto. Así, y siguiendo con el anterior ejemplo, si de la ley conteniendo 80 artículos, el P.E veta 3 de ellos que sólo disponen cuestiones de forma (publíquese, comuníquese, etc.) pero que no afectan a los 77 restantes, éstos pueden promulgarse.

6°) Conforme al art. 80, se considera aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles, es decir, hábiles. Siendo así debe entenderse que para que dicho plazo comience a correr es menester que el Congreso notifique al presidente en forma fehaciente la sanción del proyecto de ley por ambas cámaras y será a partir de dicha notificación que el P.E. tendrá el plazo de diez días hábiles para vetar el proyecto, ya que si así no lo hiciera se produciría -como viéramos- la promulgación tácita del mismo.

7) No obstante que el texto constitucional sancionado en 1853 no traía prohibición expresa alguna que impidiera vetar cualquier proyecto sancionado
por las Cámaras, es indudable que existe una limitación funcional en el art. 30 de la C.N. en torno al proceso de reforma de la Ley Fundamental. En efecto: según dicha norma, previo a la reunión de la Convención Constituyente encargada de analizar las posibles enmiendas, es menester que la necesidad de tal reforma sea declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes de sus miembros. Y si bien tal declaración reviste la forma de una ley, lo cierto es que para la mayoría de la doctrina, el Congreso no actúa en esa oportunidad como Poder Legislativo sancionando una ley ordinaria sino que lo hace en función preconstituyente, sin que el presidente pueda vetar dicha norma. Y aún para quienes sostenemos la tesis contraria, lo cierto es que ningún presidente osaría vetar una ley que ya obtuvo dos tercios de votos, esto es, la mayoría igualmente requerida para rechazar el veto y obligar al P.E. a su promulgación. No obstante cabe señalar que desde la reforma de 1994 existe una excepción a este derecho en el art. 40 que al regular el instituto de la consulta popular dispone que la ley de convocatoria a dicha consulta no podrá ser vetada por el presidente.

8°) Finalmente se destaca que el porcentaje de vetos en nuestro sistema nunca adquirió importancia significativa tal como lo señala Molinelli, quien sostiene que entre 1862 y 1985 los presidentes vetaron un total de 1310 proyectos, lo que equivale al 7,4% de las leyes sancionadas en ese lapso; y que de ese total de vetos, el Congreso logró las mayorías exigidas para obtener la sanción en 533 casos, o sea, que en un 42% de los mismos el Legislativo impuso su postura en contra del Ejecutivo. Pero a continuación el mismo autor advierte que tal porcentaje se ve distorsionado por la gran cantidad de leyes de pensiones sancionadas en igual periodo por lo cual, eliminando las mismas, sólo quedan 219 vetos (2,2%) y 12 insistencias (5,47%).

9° Por todo ello y frente al veto presidencial al proyecto de tarifas, el mismo debe retornar a la Cámara de Diputados (cámara de origen) la cual, al no contar con dos tercios de votos, no podrá insistir en el mismo el que ya no será objeto de tratamiento durante las sesiones ordinarias de este año. De allí que llame la atención la extensa y acalorada sesión en el Senado, sabiendo tanto oficialistas como opositores que el proyecto era inviable.

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